El fiscal José Luis Caterina se refirió a la resolución de la audiencia imputativa por la causa que investiga el desvío, la sobrefacturación y la facturación fantasma de combustible destinado a los patrulleros de la Unidad Regional II. El funcionario judicial destacó que la decisión judicial confirmó lo solicitado por la Fiscalía: la prisión preventiva de todos los imputados presentados en la audiencia y la validación de la imputación por asociación ilícita.
Según señaló Caterina, la investigación ya suma 28 personas imputadas, entre ellas 12 jefes policiales que fueron detenidos tras los allanamientos de principios de noviembre. El fiscal recordó que varios de los implicados habían recuperado la libertad previamente, incluso en contra del pedido de la Fiscalía, pero luego de las nuevas pruebas y procedimientos la causa tomó un nuevo impulso.
Una maniobra sistemática de corrupción
Caterina explicó que los imputados enfrentan cargos por peculado, cohecho pasivo y asociación ilícita, con pruebas sólidas que describen maniobras de sobrefacturación y facturación fantasma. La investigación se nutre de múltiples herramientas: auditorías, análisis de teléfonos celulares, intervenciones telefónicas y el testimonio de un imputado colaborador.
Uno de los elementos más contundentes fue la detección de móviles policiales con GPS que registraban que los vehículos no se movían, pero igualmente figuraban como abastecidos. Además, la Fiscalía detectó la existencia de tres móviles asignados a jefes policiales para generar facturaciones ficticias; dos de esos autos terminaron incendiados días después de los allanamientos. Uno de esos incendios fue confirmado como intencional.
“Todo esto demuestra no solo la organización que tenían, sino cómo intentaron obstruir la investigación”, sostuvo Caterina.
Presiones internas y un gasto millonario bajo sospecha
El fiscal también mencionó que, antes de los allanamientos, la Unidad Regional II recibía alrededor de 403 millones de pesos mensuales solo para combustible. Tras las intervenciones judiciales y el ordenamiento del uso de las tarjetas de carga, esa cifra bajó a 330 millones, una diferencia que, según Caterina, evidencia la magnitud del desvío.
Además, explicó que existían presiones internas hacia los encargados de carga para sostener las maniobras. Intervenciones telefónicas y declaraciones del imputado colaborador revelaron que el secretario privado del entonces jefe de la URII exigía gestionar partidas suplementarias —algunas de 25 o 40 millones de pesos— con el argumento de que sin combustible se afectaría el patrullaje.
“Una causa atravesada por la codicia”
Caterina confirmó que el juez describió el caso como una trama “atravesada por la codicia”, algo con lo que el fiscal coincidió: “Las sobrefacturaciones derivaron en una multiplicidad de facturaciones fantasma donde la provincia no recibía absolutamente nada. Todo el combustible se lo llevaba la corrupción”.
El magistrado dispuso que los imputados permanezcan en prisión preventiva hasta el 14 de mayo del año próximo, y en caso de que la Fiscalía presente la acusación formal, la medida se prorrogará de manera automática.
Comentarios