El Gobierno nacional anticipa que el futuro de la reforma laboral se definirá en la Corte Suprema de Justicia, en medio de la creciente disputa judicial con la CGT y otros sectores sindicales. La normativa, actualmente judicializada, atraviesa una etapa clave tras un fallo reciente que reactivó su vigencia.
“La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, aseguró un funcionario de primera línea del oficialismo, al referirse al escenario que se abre tras las presentaciones judiciales impulsadas por la central obrera.
La estrategia del sindicalismo, según la mirada de La Libertad Avanza, responde a que “es el único camino que tiene”, aunque en el Gobierno sostienen que el desenlace final les será favorable cuando intervenga el máximo tribunal.
La disputa se intensificó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara la legalidad de la reforma laboral, en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”.
Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González resolvieron modificar el alcance de la apelación, lo que permitió que la normativa impulsada por el Gobierno recupere su plena vigencia operativa, dejando atrás la medida cautelar que había suspendido 82 artículos.
Tras el fallo, la CGT respondió con una nueva ofensiva judicial: este lunes recusó a los magistrados y solicitó la “nulidad absoluta” de la resolución. Desde la conducción sindical argumentaron que los jueces actuaron “por haber prejuzgado” sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre los derechos laborales en disputa.
Además, apuntaron particularmente contra Pesino, a quien acusaron de “favorecer la posición de la demandada” —en referencia al Estado— mientras simultáneamente se beneficiaba con un trámite ante el Consejo de la Magistratura para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años.
En el escrito presentado, el sindicalismo fue aún más contundente: “Obtener un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento”.
El documento también cuestiona al Gobierno por haber impulsado esa continuidad, calificando su accionar como “descalificable” al promover la permanencia de un magistrado que falló a su favor.
Según el texto legal, se trata de una situación que vulnera los principios establecidos en la Constitución Nacional, reformada en 1994, que fija límites etarios para el ejercicio judicial.
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