El Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en Argentina y tendrá impacto directo en las provincias, entre ellas Santa Fe. La nueva normativa permite que los adolescentes puedan ser imputados penalmente desde los 14 años y establece un esquema específico de penas, medidas alternativas y condiciones de cumplimiento para quienes tengan entre 14 y 17 años.
La entrada en vigencia se produjo el 5 de septiembre, 180 días después de la publicación de la Ley 27.801. Este lunes, además, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 875/2026, que reglamentó la norma y estableció al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación.
Para Santa Fe, uno de los principales desafíos será la articulación entre el nuevo régimen nacional y el funcionamiento de la Justicia Penal Juvenil provincial, que deberá intervenir en los procesos correspondientes dentro de su ámbito de competencia.
Desde qué edad podrán ser imputados
Uno de los cambios centrales es la reducción de la edad de imputabilidad. Hasta ahora, el régimen establecía como límite los 16 años. Con la nueva ley, los adolescentes de 14 y 15 años también pueden quedar sometidos a un proceso penal cuando sean acusados de delitos alcanzados por la normativa.
La modificación alcanza, por lo tanto, a una franja etaria que hasta ahora tenía un tratamiento diferente dentro del sistema penal.
El régimen establece que la respuesta frente al delito debe contemplar también objetivos vinculados con la educación, la resocialización y la integración social del adolescente.
Qué penas contempla el nuevo régimen
La normativa establece una pena máxima de 15 años de prisión y prohíbe expresamente la aplicación de la prisión perpetua para menores de edad.
Además, quienes sean condenados deberán cumplir dos tercios de la pena para poder acceder a la libertad condicional, de acuerdo con las condiciones establecidas por la legislación.
A su vez, queda prohibido que los adolescentes permanezcan privados de su libertad junto con personas adultas.
Alternativas a la prisión
El nuevo sistema contempla distintas medidas que pueden aplicarse como alternativa a la privación de la libertad.
Entre ellas se encuentran las amonestaciones, el monitoreo electrónico, la realización de servicios comunitarios y la reparación del daño causado a la víctima.
La aplicación de estas herramientas será uno de los aspectos que deberán ser coordinados por las autoridades nacionales y provinciales.
Qué pasa con la identidad de los menores
La nueva normativa mantiene una protección especial sobre la identidad de los adolescentes involucrados en procesos penales.
Continúa prohibida la difusión de datos que permitan identificarlos, como su nombre, apodo, domicilio o imagen.
También se establece que los padres son civilmente responsables por los daños que puedan ocasionar sus hijos, de acuerdo con las disposiciones previstas por la legislación.
El impacto en Santa Fe
En Santa Fe, la puesta en marcha del Régimen Penal Juvenil se da en un contexto en el que la problemática de los adolescentes vinculados a hechos delictivos ocupa un lugar importante dentro de la agenda de seguridad.
La nueva normativa obliga a adaptar procedimientos y coordinar recursos entre los distintos actores del sistema. La provincia deberá articular la aplicación del régimen con las estructuras existentes de Justicia Penal Juvenil, Ministerio Público de la Acusación, fuerzas de seguridad y organismos de protección de derechos de niños y adolescentes.
Uno de los puntos centrales será determinar cómo se aplicarán en la práctica las nuevas disposiciones para los adolescentes de 14 y 15 años y cuáles serán las medidas adoptadas en cada caso.
Un caso que ya puso el nuevo régimen en debate
La entrada en vigencia de la normativa coincidió con un caso ocurrido en Mar del Plata, donde la Policía detuvo a dos adolescentes de 15 y 17 años que se encontraban dentro de un galpón y tenían un revólver calibre 32.
El fiscal Walter Martínez Soto los imputó por robo agravado por escalamiento y efracción de lugar habitado, además de portación de arma de uso civil.
En el caso del adolescente de 15 años, el fiscal solicitó la detención, pero la jueza de Garantías Libertad Cordido rechazó el pedido. El joven fue liberado, aunque continúa sometido al proceso penal.
El caso sirve como primer ejemplo del escenario que comienza a plantearse con la entrada en vigencia del nuevo régimen: adolescentes desde los 14 años pueden quedar formalmente vinculados a un proceso penal, aunque las medidas que se adopten deberán ajustarse a las características específicas establecidas para menores de edad.
El objetivo declarado de la ley
La Ley 27.801 señala que la finalidad del régimen es fomentar en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad legal por sus actos, además de promover su educación, resocialización e integración social.
La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados con 149 votos a favor y 100 en contra, luego de un intenso debate legislativo.
Ahora comienza la etapa de implementación en las provincias. En Santa Fe, el desafío será traducir el nuevo marco legal a la práctica cotidiana de fiscales, jueces, defensores, fuerzas de seguridad y organismos encargados de trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal.
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