La Justicia federal imputó a once gendarmes del Escuadrón 46 de Arroyo Seco por integrar una asociación ilícita dedicada a apropiarse de cargamentos de hojas de coca durante operativos en el peaje de General Lagos, sobre la autopista Rosario-Buenos Aires. La investigación sostiene que los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2025, con un total de 1.144 kilogramos desviados hacia el mercado ilegal.
La imputación fue formalizada por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario ante el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, en una audiencia que se extendió entre el 10 y el 24 de abril. Los fiscales Franco Benetti y Matías Mené acusaron a los agentes de cohecho pasivo, encubrimiento de contrabando agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público, además de integrar una organización criminal.
Según la acusación, los gendarmes montaron una estructura para incautar ilegalmente hojas de coca en controles vehiculares y luego venderlas, obteniendo un beneficio económico. Entre los imputados se encuentra Enzo Gastón N.V., señalado como pieza clave en la maniobra, quien ya había sido puesto en disponibilidad por realizar operativos falsos.
De acuerdo con la investigación, la red funcionaba como una “comunidad delictiva” con tareas específicas. Nueve de los gendarmes se encargaban de interceptar los cargamentos en ruta, mientras que Enzo N.V. coordinaba la logística, fijaba precios y distribuía la mercadería.
El caso se inició el 5 de mayo de 2025, cuando N.V. fue detenido transportando 180 kilos de hojas de coca, hecho que permitió destapar la operatoria. A partir de allí, la fiscalía reconstruyó al menos 12 maniobras similares.
También fue imputada una mujer de Rosario, acusada de comprar parte de los cargamentos para su posterior comercialización. En un allanamiento realizado el 28 de mayo, se le secuestraron ocho bolsones con 22 kilos cada uno.
Los fiscales detallaron una serie de episodios que evidencian el funcionamiento sistemático de la red. El primero ocurrió el 19 de enero de 2025, cuando un gendarme incautó 80 kilos de hojas de coca y omitió reportarlo, recibiendo $375.000 a cambio de entregarlos.
Días después, el 30 de enero, tres agentes repitieron la maniobra con 131 kilos, por los que recibieron $3.596.000 entre transferencias y efectivo. El esquema se repitió en múltiples oportunidades durante febrero, marzo y abril, con cargamentos de distintos volúmenes y pagos que alcanzaron varios millones de pesos.
En total, se documentaron operaciones con montos que oscilaron entre $600.000 y más de $4 millones por cada entrega, en algunos casos combinando transferencias bancarias y pagos en efectivo.
La causa cuenta con informes de Asuntos Internos de Gendarmería, peritajes telefónicos y registros de comunicaciones que evidencian la coordinación entre los imputados. Según la fiscalía, se hallaron chats y conversaciones donde se detallaban lugares de entrega, precios y movimientos de dinero, incluyendo depósitos en billeteras virtuales.
Además, se incorporaron datos de empresas de telefonía y registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que estimó el valor de la mercadería en 50 dólares por kilo.
También se constató que Enzo N.V. tenía antecedentes disciplinarios por realizar controles fuera de servicio, lo que ya había derivado en sanciones previas.
El juez dispuso para todos los acusados la obligación de presentarse periódicamente, no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país sin autorización. Además, ordenó el embargo de bienes y la inhibición general, con montos que van desde 8 hasta 293 millones de pesos.
En caso de ser condenados, podrían enfrentar multas de entre 4 y 20 veces el valor de la mercadería, además de penas de prisión por los delitos imputados.
Comentarios