La diputada provincial Lionella Cattalini presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto para establecer un nuevo régimen de enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, en línea con los cambios introducidos por la reforma de la Constitución provincial de 2025.
La iniciativa busca dejar atrás el esquema diferenciado que regía hasta ahora y establecer reglas comunes para los funcionarios del sistema de Justicia, a través de un Jurado de Enjuiciamiento que se constituirá para cada caso.
La nueva Constitución estableció que jueces, procuradores, fiscales y defensores deben contar con un sistema común de juzgamiento y que la ley debe regular la integración, el funcionamiento y el procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento.
Qué cambia con el proyecto
Uno de los principales fundamentos de la iniciativa es modificar el sistema de control que históricamente funcionó en la provincia. Según explicó Cattalini, el juzgamiento de los jueces estaba vinculado a la Corte Suprema, mientras que el mecanismo para fiscales y defensores tenía una participación central de la Legislatura.
“Necesitamos una ley que permita poner en funcionamiento lo que establece la nueva Constitución y dejar atrás un sistema en el que el juzgamiento de los jueces estaba en manos de la Corte y el de los fiscales, en manos de la Legislatura”, sostuvo la diputada.
Para la legisladora, el objetivo es evitar que el control de los funcionarios quede concentrado en estructuras con predominio de un mismo sector y avanzar hacia un esquema con participación de distintos actores.
El proyecto propone que el nuevo Jurado esté integrado por un ministro de la Corte Suprema, el fiscal general o el defensor general, dos jueces, fiscales o defensores según corresponda, tres senadores, tres diputados y dos abogados matriculados. Los representantes legislativos deberán contemplar la participación de las minorías.
Un cambio impulsado por la reforma constitucional
La propuesta se enmarca en el rediseño institucional aprobado por la Convención Reformadora en 2025. Entre las modificaciones incorporadas a la Constitución se establecieron nuevas reglas para la designación y el enjuiciamiento de jueces, procuradores, fiscales y defensores.
La nueva Carta Magna también creó un Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público, encargado de intervenir previamente en los procesos de designación mediante procedimientos públicos de antecedentes y oposición.
De esta manera, la reforma constitucional plantea dos herramientas diferenciadas: un mecanismo de selección para los nuevos funcionarios y un sistema común de control y eventual remoción cuando existan causales que habiliten el enjuiciamiento.
El objetivo: reglas comunes para todo el sistema
Cattalini planteó que jueces, fiscales y defensores cumplen funciones diferentes, pero comparten una característica: ejercen responsabilidades públicas y deben estar sujetos a mecanismos de control.
“Es un cambio de paradigma: los jueces, fiscales y defensores tienen funciones diferentes, pero todos ejercen responsabilidades públicas y tienen que responder bajo las mismas reglas”, afirmó.
La iniciativa deberá ahora atravesar el debate legislativo para determinar la integración definitiva, el funcionamiento y el procedimiento del nuevo Jurado de Enjuiciamiento, en cumplimiento del mandato establecido por la Constitución reformada.
La propia Convención fijó un plazo para que la Legislatura avance con las leyes necesarias para completar el nuevo diseño institucional de la Justicia provincial.
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