La Cámara de Diputados de Santa Fe avanza en el tratamiento del proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches, una problemática que genera debate desde hace años en distintas ciudades de la provincia, especialmente en Rosario.
La diputada provincial Lionella Cattalini explicó que la iniciativa sufrió modificaciones durante las negociaciones legislativas y remarcó que el objetivo principal es brindar herramientas para combatir las situaciones de violencia e intimidación vinculadas a esta actividad.
Cattalini sostuvo que el control del espacio público es una facultad propia de los gobiernos locales y que, por ese motivo, la ley establece que cada municipio va a tener que dictar una ordenanza específica para prohibir la actividad de cuidacoches en su jurisdicción. “Estamos ante un tema complejo. El control del espacio público es estrictamente municipal y debe ser regulado por ordenanza en cada una de las ciudades”, señaló la legisladora.
Según explicó, una vez que exista esa prohibición municipal, podrán aplicarse las sanciones previstas en la normativa provincial. A su vez, uno de los puntos centrales del proyecto es distinguir entre quienes desarrollan esta actividad como una salida laboral informal y aquellos que utilizan amenazas o mecanismos de presión hacia conductores.
“Hay que diferenciar la tarea de aquellas personas que ejercen el trabajo de cuidacoches porque no tienen otra salida, de quienes lo hacen con intimidación y generan problemas en la ciudad”, afirmó Cattalini. La legisladora indicó que la iniciativa apunta especialmente a combatir situaciones que suelen registrarse en espectáculos masivos, estadios de fútbol y recitales.
Prohibición de acercamiento y arresto
Entre las modificaciones incorporadas al texto aparece la posibilidad de aplicar prohibiciones de acercamiento a los cuidacoches que tengan conductas violentas. La medida podrá extenderse hasta por 120 días, dependiendo de la gravedad de cada caso y de la evaluación judicial correspondiente.
Además, el proyecto contempla sanciones más severas para quienes incumplan esas restricciones. “Si una persona no cumple con la sanción impuesta por un juez penal de la provincia, la medida puede convertirse en arresto de entre 10 y 20 días”, explicó la diputada.
Otro de los aspectos debatidos durante el tratamiento fue el impacto que la nueva normativa podría generar sobre el sistema judicial. Cattalini señaló que durante las reuniones mantenidas con funcionarios municipales se informó que solamente en Rosario se labraron más de 9.000 actas vinculadas a esta problemática.
Ante ese escenario, se resolvió crear dos nuevos cargos judiciales, uno para Rosario y otro para la ciudad de Santa Fe, que tendrán entre sus funciones atender causas contravencionales. “No podíamos cargar a un poder del Estado con miles de actas cuando sabemos que Rosario tiene más de 600 juicios pendientes por falta de recursos y estructura”, sostuvo.
Un problema que excede la sanción
La legisladora insistió en que la problemática no puede resolverse únicamente mediante herramientas punitivas y reclamó políticas integrales para abordar la situación. “Vivimos en una Argentina donde el 43% de las personas trabajan en la informalidad. Esto no se resuelve solamente con una ley”, señaló.
En ese sentido, consideró necesario complementar las sanciones con programas sociales y de empleo que permitan ofrecer alternativas laborales a quienes hoy encuentran en esta actividad su único sustento económico. “Cada municipio tendrá que diseñar una forma de abordar esta situación junto a la provincia, la Justicia y políticas sociales fuertes”, concluyó.
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