La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves una versión modificada del proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como trapitos, y devolvió la iniciativa al Senado para que decida si acepta los cambios introducidos o insiste con la redacción original.
El texto fue consensuado por el interbloque oficialista Unidos tras varios días de negociaciones y luego de escuchar cuestionamientos de organizaciones sociales, pastorales y entidades vinculadas a los derechos humanos, que advirtieron sobre posibles problemas de constitucionalidad y reclamaron una mayor perspectiva social para abordar la problemática.
Uno de los cambios más importantes incorporados por Diputados fue la creación de dos cargos de jueces de primera instancia, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario, que serán integrados a los Colegios de Jueces Penales conforme lo determine la Corte Suprema de Justicia provincial.
Durante el debate, la diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa y sostuvo que el control del espacio público corresponde a los municipios, aunque consideró necesario que el Estado provincial también intervenga frente a situaciones de violencia vinculadas a esta actividad.
Por su parte, el radical Martín Rosúa, titular de la Comisión de Seguridad Pública, explicó que la principal objeción al texto aprobado por el Senado era la falta de una adecuada tipificación de las conductas sancionables. Según afirmó, la nueva redacción apunta específicamente a los comportamientos intimidatorios y abusivos.
La iniciativa incorpora al Código de Convivencia el artículo 66 bis, que establece sanciones para quienes, sin autorización y en lugares donde la normativa local lo prohíba, exijan o reclamen de manera intimidatoria dinero por estacionar, cuidar, lavar o limpiar vehículos en la vía pública.
La pena prevista consiste en una prohibición de concurrencia de hasta 60 días, que podrá agravarse de 60 a 120 días cuando los hechos ocurran en zonas de estacionamiento medido, en las inmediaciones de eventos masivos o cuando exista un aprovechamiento de situaciones de desigualdad vinculadas al género, la edad o una discapacidad de la víctima.
Además, la norma contempla la posibilidad de reemplazar la sanción por trabajos comunitarios cuando exista acuerdo entre las partes o así lo disponga el juez interviniente.
Desde la oposición surgieron fuertes críticas al proyecto. La diputada justicialista Lucila De Ponti valoró las modificaciones introducidas por Diputados respecto de la media sanción original, pero cuestionó el enfoque predominantemente punitivo de la iniciativa y anticipó el rechazo de su bloque.
En la misma línea, el legislador Marcos Corach cuestionó la forma en que se construyó el consenso dentro del oficialismo y criticó lo que definió como un proyecto “armado entre pocos”. También hubo rechazos desde sectores libertarios, de Vida y Familia y del Frente Amplio por la Soberanía, desde donde advirtieron que la propuesta no resuelve las causas sociales que originan la problemática.
Como respuesta a esos cuestionamientos, la nueva versión incorpora un capítulo dedicado a la inclusión social. El artículo 5 establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar programas de prevención que incluyan capacitación laboral, formación en oficios, intermediación para el empleo y abordajes relacionados con salud mental y consumos problemáticos.
Asimismo, el artículo siguiente insta a los municipios y comunas a desarrollar acciones coordinadas con la Provincia para acompañar esas políticas.
Con las modificaciones aprobadas por Diputados, el proyecto volvió al Senado, que ahora tendrá la última palabra para convertirlo en ley o insistir con el texto que había sancionado originalmente.
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