La prohibición total de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe deberá seguir esperando. La Cámara de Senadores frenó el tratamiento definitivo de la ley debido a la falta de acuerdo dentro de la bancada oficialista de Unidos, puntualmente entre el ala socialista y el sector cercano al intendente Pablo Javkin.
¿Por qué se estancó la ley?
El Senado estaba listo para avanzar con el proyecto original impulsado por el senador rosarino Ciro Seisas y rechazar los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. Sin embargo, las fricciones internas obligaron a frenar el debate para abrir una nueva instancia de negociación política.
Las dos posturas en pugna:
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El proyecto original (Ciro Seisas): Busca prohibir la actividad incorporando figuras contravencionales. Fija sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta la detención, con penas más duras si hay violencia, amenazas, o si ocurre de noche y en eventos masivos. Además, contempla un enfoque social: ofrece capacitaciones y reubicación en empleos formales a quienes no tengan antecedentes penales.
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Las modificaciones de Diputados: Tras los cuestionamientos de la Iglesia y organismos de derechos humanos, la Cámara baja suavizó el texto. Limita las sanciones solo a quienes trabajen sin autorización en zonas donde una normativa local ya prohíba la actividad. Mantiene el castigo para quienes extorsionen e incorpora la prohibición de acercamiento a la zona de la infracción (de 60 a 120 días). También introdujeron la creación de nuevos juzgados, algo que el sector de Seisas rechaza.
La visión de Seguridad: “No armen un juicio, es un gastadero de plata”
Al debate legislativo se sumó la postura del ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. Si bien definió la presencia de trapitos como una situación de riesgo y un posible “factor criminógeno”, fue muy crítico con la idea de judicializar el problema. Para el ministerio, destinar fiscales, jueces y defensores para procesar a un cuidacoches saturaría las comisarías de burocracia y sería inviable económicamente.
En lugar de expedientes judiciales engorrosos, la cartera de Seguridad exige alternativas de aplicación rápida y económica:
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Poder de policía directo: Darle autoridad clara al personal policial de calle para que, ante una denuncia o al detectar a un cuidador no autorizado, lo retiren inmediatamente del espacio público.
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Prohibición de concurrencia exprés: Usar un decreto contravencional que le permita a la policía retirar al infractor y prohibirle físicamente el regreso a esa zona comercial bajo una sanción legal severa.
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Disuasión en tiempo real: Enfocarse en despejar la calle y garantizar la tranquilidad del conductor en el momento, sin necesidad de privaciones de la libertad prolongadas ni papeleo judicial innecesario.
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