El histórico camarista federal Martín Irurzun quedó formalmente fuera del Poder Judicial tras cumplir el límite de edad de 75 años el pasado sábado. Aunque el magistrado había solicitado una prórroga para continuar en su cargo por cinco años más, el Gobierno no convalidó el pedido y la feria judicial impidió que la Corte Suprema tratara su caso.
Desde la Casa Rosada ya solicitaron formalmente al Consejo de la Magistratura que abra el concurso para cubrir la vacante definitiva, un movimiento que desactiva un riesgo jurídico latente para el oficialismo.
Doble vara del Gobierno en Comodoro Py
La celeridad del Ejecutivo para jubilar a Irurzun llamó la atención en los pasillos de tribunales, ya que contrasta fuertemente con otras decisiones recientes. Mientras al creador de la doctrina de prisiones preventivas se le negó la continuidad, el Gobierno sí habilitó excepciones para otros magistrados mayores de 75 años.
Entre los beneficiados por la venia oficial se encuentran el juez Víctor Pesino y Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia. Ante la consulta por esta diferencia de criterios, desde el Gobierno se limitaron a responder que se trata de una “discrecionalidad propia de la atribución del Presidente”.
Qué es la Doctrina Irurzun
Para entender el peso político de esta jubilación, es necesario repasar la jurisprudencia nacida en 2017 a partir de un fallo de la Cámara Federal. La “Doctrina Irurzun” habilitó la prisión preventiva de exfuncionarios sin condena firme, argumentando que el “poder de influencia” o el “poder residual” de quienes ocuparon altos cargos representaba un riesgo de entorpecimiento para las investigaciones.
Bajo este criterio, en su momento fueron detenidas figuras asociadas al kirchnerismo como Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini y el empresario Cristóbal López.
El caso de Manuel Adorni: el verdadero temor
Si bien la doctrina fue una herramienta celebrada por sectores opositores años atrás, hoy representaba una amenaza directa para el actual Gobierno. El oficialismo temía que la oposición lograra aplicar esta misma jurisprudencia sobre el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La situación de Adorni encaja en los parámetros de la doctrina por haber ocupado un cargo de máxima jerarquía con capacidad de influencia sobre testigos y peritos del Estado. Sin embargo, la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano reviste un agravante: se investiga un entorpecimiento probado.
Según la acusación, Adorni habría contactado por WhatsApp al contratista encargado de unas reformas estatales investigadas para alinear su relato antes de que declarara ante el fiscal Gerardo Pollicita. Esta maniobra quedó expuesta por el propio testigo, lo que generó alerta en el Gobierno y aceleró la necesidad de desarmar la bomba jurídica en Comodoro Py.
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