El “seguro” ante el escribano
Lo que diferencia el testimonio de Mario Rovella, titular de la constructora Rovella-Carranza, de una simple retractación es un documento que guardó bajo llave durante siete años. Según reveló ante los jueces, antes de presentarse a declarar ante el fallecido juez Claudio Bonadio en la etapa de instrucción, pasó por una escribanía.
Allí dejó asentado en un acta que lo que estaba a punto de decir era mentira. ¿El motivo? Según Rovella, le habrían dejado claro que, si no reconocía los delitos y señalaba a exfuncionarios, su destino inmediato era la cárcel. “Fue bajo coacción psicológica”, remató.
Cristóbal López: “Es una vergüenza esta causa”
En la misma jornada, Cristóbal López (Grupo Indalo) sumó una pieza clave a esta narrativa de irregularidades. El empresario denunció que la causa fue un “armado” diseñado para proteger a sectores cercanos al juzgado y perseguir a otros.
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El salvataje a los Eskenazi: López afirmó que el financista Ernesto Clarens fue presionado para modificar sus dichos y “borrar” al Grupo Petersen (familia Eskenazi) del expediente, colocando en su lugar a CPC, la constructora de Indalo.
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Vínculos económicos: El dueño de C5N disparó un dato directo: mencionó supuestos préstamos de Sebastián Eskenazi y Mario Montoto para justificar el patrimonio del hijo del juez Bonadio. “Tenían que salvarlo a Eskenazi y nos enterraron a nosotros”, sentenció.
La sombra del Lawfare
Estos testimonios como el de Rovella con su acta notarial y el de López denunciando direccionamiento, alimentan directamente la teoría del lawfare (el uso de la justicia con fines de persecución política). Para las defensas, estas audiencias están son esclarecedoras porque sugieren:
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La coacción como método: El uso de la prisión preventiva como amenaza para obtener confesiones guionadas.
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La selección de objetivos: El procesamiento de empresarios específicos mientras se “limpiaba” a otros con vínculos personales con los instructores.
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La inconsistencia técnica: La denuncia de Fabián De Sousa sobre pericias de antenas telefónicas que ubicarían a los acusados lejos de los supuestos lugares de pago en las fechas señaladas por la fiscalía.
¿Qué pasa ahora?
La causa que nació con los anotadores de un chofer hoy se enfrenta a su desafío más grande: demostrar que las confesiones que le dieron origen no fueron obtenidas a punta de “chaleco y casco” en los pasillos de Comodoro Py. Con las actas notariales sobre la mesa, el Tribunal Oral Federal 7 deberá decidir si el corazón de la prueba sigue siendo válido o si, como denuncian los acusados, todo fue una puesta en escena judicial.
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