La Justicia de Honduras confirmó el procesamiento del general retirado Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas y exsecretario de Defensa, quien deberá presentarse a una audiencia preliminar el próximo 14 de septiembre. El tribunal lo acusa formalmente de incitar a la discriminación y de vulnerar derechos fundamentales, específicamente la libertad de prensa y expresión.
El origen del conflicto judicial se ubica en el pasado ciclo electoral hondureño, proceso que culminó con la asunción del presidente Nasry Asfura a principios de este año. La fricción alcanzó su punto más alto en marzo de 2025, durante los comicios primarios. En esa jornada, se registraron problemas logísticos y demoras en la distribución de materiales de votación, tarea que estaba bajo custodia militar. Ante las irregularidades, distintos trabajadores de prensa solicitaron una investigación formal por parte de los fiscales, lo que generó un rechazo abierto de la cúpula militar.
Meses después, la revista oficial de las Fuerzas Armadas publicó un artículo catalogando a un grupo de comunicadores como “sicarios de la verdad” y acusándolos de difundir información falsa. La fiscalía sumó a la causa penal estas publicaciones impresas, además de mensajes en redes sociales y declaraciones públicas de Hernández donde vinculaba a periodistas específicos con redes de crimen organizado. También se integró al expediente la aparición de pancartas difamatorias en las calles de Tegucigalpa.
Por su parte, la defensa de Hernández apeló el procesamiento a principios de este mes y solicitó que se archive el caso. El equipo legal del general retirado argumenta que la jueza a cargo descartó de manera irregular documentación y peritajes presentados a favor del acusado.
Por qué importa:
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Jerarquía del acusado: Es la primera vez en Honduras que un oficial de tan alto rango es llevado al banquillo por delitos vinculados directamente al ejercicio del periodismo.
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Escalada documentada: Informes de agrupaciones civiles detallaron que durante el último año electoral casi la mitad de las agresiones reportadas contra trabajadores de prensa provinieron de efectivos militares.
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Presión internacional: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había emitido alertas formales sobre las tácticas de intimidación y estigmatización aplicadas por las Fuerzas Armadas hondureñas.
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Posible precedente: Especialistas en derechos humanos señalan que un eventual fallo condenatorio servirá como jurisprudencia para sancionar futuros intentos de coerción estatal contra los medios en el país.
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