El Gobierno nacional oficializó este viernes un nuevo esquema para la gestión de rutas nacionales que impacta directamente en Santa Fe. A través del decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo delegó en nueve provincias —entre ellas Santa Fe— la potestad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos viales que atraviesan sus territorios.
La medida permite que la provincia asuma tareas de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores nacionales, sin que ello implique la transferencia del dominio público ni la pérdida de jurisdicción federal.
En la práctica, Santa Fe podrá diseñar pliegos, convocar licitaciones, adjudicar contratos y firmar concesiones con empresas privadas, mixtas o entes públicos, incluyendo el cobro de peajes como mecanismo de financiamiento. Todo el esquema deberá ajustarse a criterios de transparencia, competencia y equilibrio económico-financiero.
Para avanzar, la provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se definirán los tramos a intervenir, los plazos de ejecución y los mecanismos de control. La supervisión general seguirá en manos del organismo nacional.
Uno de los principales focos del gobierno de Maximiliano Pullaro es la ruta A012, considerada estratégica para mejorar el acceso a los puertos del Gran Rosario. En ese marco, ya cuenta con financiamiento aprobado de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para encarar un plan integral de obras.
Además, el Ministerio de Obras Públicas provincial elaboró un plan de contingencia de unos 5 mil millones de pesos para mejorar el estado de la calzada en el corto plazo. A su vez, se proyecta a futuro la creación de un ente público-privado, con participación de comunas, que permita cobrar una tasa única a los camiones que acceden a las terminales portuarias y destinar esos fondos al mantenimiento de la traza.
El decreto establece que los recursos generados por cada concesión deberán utilizarse exclusivamente en el tramo correspondiente y que la delegación será temporal, limitada y revocable. Las provincias tendrán hasta un año para iniciar los procesos licitatorios y, una vez adjudicados, 90 días hábiles para formalizar los contratos.
En caso de incumplimiento de los plazos, la delegación caducará automáticamente y el Estado nacional podrá retomar la gestión de los corredores. La iniciativa se enmarca en un proceso de reorganización que busca agilizar obras y fortalecer el rol de las provincias en la gestión de la infraestructura vial.
Comentarios