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Regulación digital

La Unión Europea evalúa restringir el acceso de menores a redes sociales

La propuesta contempla cuatro franjas de edad y establece controles parentales para adolescentes de hasta 15 años. También alcanzaría videojuegos y herramientas de inteligencia artificial.

El proyecto todavía debe ser presentado formalmente y debatido por las instituciones europeas.

La Unión Europea (UE) prepara una propuesta para restringir el acceso independiente de niños y adolescentes a redes sociales, videojuegos y distintas herramientas de inteligencia artificial, con controles parentales que alcanzarían a los menores de 15 años.

La iniciativa forma parte de la futura legislación del bloque sobre protección de la infancia y establece distintas condiciones de acceso según la edad. El proyecto todavía debe ser presentado formalmente y debatido por las instituciones europeas.

De acuerdo con el borrador, los menores de 13 años tendrían prohibido acceder de manera independiente a las plataformas, mientras que quienes tengan entre 13 y 15 años necesitarían autorización de sus padres o tutores.

A partir de los 15 años, los adolescentes podrían optar por continuar bajo supervisión parental o acceder de manera independiente a las distintas plataformas.

La propuesta surge en un contexto de creciente debate internacional sobre el uso de redes sociales por parte de menores y sus posibles efectos. Países como España y Francia ya trabajan en regulaciones nacionales vinculadas con el acceso de niños y adolescentes a estas plataformas.

La iniciativa europea también se suma a medidas implementadas o debatidas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde distintas jurisdicciones avanzaron con restricciones vinculadas a la edad de los usuarios y mecanismos de verificación.

Uno de los argumentos utilizados para impulsar estas regulaciones está relacionado con las advertencias sobre los posibles efectos del uso intensivo de las plataformas digitales en el bienestar y la salud mental de niños y adolescentes.

La propuesta de Bruselas deberá atravesar ahora el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una norma aplicable en los países integrantes de la Unión Europea.

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