La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por el presunto lavado de activos relacionado con una lujosa propiedad de Pilar deberá continuar en el fuero federal de Campana, y no en la Justicia Penal Económica de la Ciudad de Buenos Aires.
El expediente regresará al juzgado de Adrián González Charvay, luego de que los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña consideraran que el delito investigado corresponde a la Justicia Federal. Alejandro Slokar votó en disidencia por cuestiones formales, aunque coincidió en que el lavado de activos no corresponde al fuero Penal Económico.
La investigación comenzó a fines de 2025 y busca determinar el origen del dinero utilizado para comprar una casaquinta en Villa Rosa, Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. La propiedad fue adquirida por la sociedad Real Central, vinculada a Luciano Pantano y Ana Conte, señalados en la denuncia como posibles testaferros de dirigentes de la AFA.
El tribunal sostuvo que el carácter económico de una investigación no alcanza para trasladarla automáticamente al fuero Penal Económico. Según el fallo, el lavado de activos, contemplado en el artículo 303 del Código Penal, tiene competencia federal específica.
Casación también aclaró que el cambio de tribunal no anula las medidas realizadas hasta ahora ni implica comenzar nuevamente la investigación. El expediente deberá continuar desde el estado en el que se encuentra, con el objetivo de determinar si existió efectivamente un delito y cuál fue el origen de los fondos utilizados.
La causa había pasado previamente por distintos juzgados y cámaras debido a una disputa de competencia. Con la nueva resolución, el máximo tribunal penal federal ordenó que sea remitida nuevamente a Campana para que la investigación avance allí.
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