Hace unas pocas semanas, el presidente Alberto Fernández completó una serie de anuncios relacionados con el involucramiento del Estado Nacional para contribuir a paliar la creciente ola de violencia narco en el gran Rosario. “He decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe de la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, sentenció en su momento.
Si bien a pocos días del anuncio presidencial una “avanzada militar” se desplazó a la ciudad santafesina junto a funcionarios de otras dependencias nacionales y provinciales, la tarea consistió solamente en el relevamiento del terreno y la enunciación de trabajos a realizar. El personal militar regresó el mismo día a Buenos Aires.
Así, desde el área de Defensa todos coinciden en que hay serias complicaciones para llevar a la práctica la decisión presidencial.
Es que si bien el Ejército tiene predisposición a aportar personal, equipamiento y transporte, lo exiguo del presupuesto militar obliga a la fuerza a requerir refuerzos de partidas dinerarias para solventar cuestiones relativas al alojamiento, racionamiento y la provisión de los insumos necesarios para la ejecución del plan de urbanización.
Esos fondos no fueron ni serán provistos ni por la Nación, ni por la provincia de Santa Fe, ni por la municipalidad de Rosario.
Todos los funcionarios son extremadamente cautelosos a la hora de elegir la palabra adecuada para expresar el estado de situación respecto al envío de la tropa prometida, pero concuerdan en que la demora puede extenderse al punto en el que finalmente pierda sentido llevar adelante la operación.
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