La investigación que busca esclarecer cómo se negociaron y adjudicaron las vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia tendrá este martes una nueva instancia clave. La ex asesora presidencial Cecilia Nicolini deberá presentarse a declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, en una causa que intenta determinar si existieron irregularidades o favoritismos en la adquisición de dosis por parte del Estado nacional.
El expediente, impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, pone la lupa sobre las negociaciones llevadas adelante durante la emergencia sanitaria y analiza si algunas decisiones pudieron haber beneficiado a determinados laboratorios por encima de otros. Entre los contratos bajo análisis figuran los firmados para la compra de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, además de las negociaciones que finalmente no prosperaron con Pfizer.
Nicolini ocupó un rol central durante la pandemia como asesora del entonces presidente Alberto Fernández y fue una de las funcionarias que mantuvo contacto directo con representantes del Instituto Gamaleya y otros actores involucrados en el desarrollo y provisión de la vacuna rusa Sputnik V. Es precisamente esa participación la que ahora busca reconstruir la Justicia para establecer cómo se desarrollaron las conversaciones y cuál fue su intervención en el proceso de compra.
La causa no se limita únicamente a la ex funcionaria. También fueron convocados otros ex integrantes del Ministerio de Salud que participaron en la gestión sanitaria durante la pandemia. Entre ellos figuran el ex subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo; el ex director nacional de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli; y la ex subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona.
Monsalvo ya compareció ante el juez Ariel Lijo la semana pasada. Durante su presentación entregó un escrito y optó por no responder las preguntas formuladas durante la audiencia.
En paralelo, continúa sin definirse la situación del empresario farmacéutico Hugo Sigman, titular del laboratorio mAbxience. Su declaración estaba prevista inicialmente para fines de junio, pero quedó suspendida luego de que su defensa presentara un recurso ante la Cámara Federal. La audiencia ya había sido reprogramada en dos oportunidades anteriores y, hasta el momento, el juzgado no fijó una nueva fecha para su comparecencia.
La investigación judicial intenta establecer si durante las negociaciones existieron maniobras de tráfico de influencias o un eventual direccionamiento en favor de determinados laboratorios. Para ello, los investigadores analizan el proceso de contratación, los intercambios entre funcionarios y empresas, y las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria.
Con la declaración de Nicolini, la causa suma un nuevo paso en una investigación que busca determinar si las compras de vacunas respondieron exclusivamente a criterios sanitarios o si, además, hubo intereses particulares que influyeron en la selección de los proveedores.
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