Dólar

Dólar (Rosario):$ / $
Dolar Blue:$287,00 / $292,00
Dolar turista:$246,14
Dolar Contado con Liqui:$286,43 / $288,02
Dolar Bolsa:$282,370 / $281,660
Región

Vicentín contrató a Gil Lavedra y le pidió a Rafael Gutiérrez “la inmediata devolución del expediente”

Tras la avocación firmada por el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez, que obligaba al juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el Concurso de Acreedores de Vicentín, a entregar la causa al máximo tribunal para ser analizada, la empresa de Reconquista contrató a una eminencia del derecho, Ricardo Gil Lavedra, quien solicitó “la inmediata devolución del expediente”.

En un comunicado, Vicentín expresó: “Pretendemos que no se haga lugar al pedido de avocamiento y se retome los autos a la instancia que corresponde”. Por su parte, agregó: “No hay norma legal que autorice a la Corte a sustraer el expediente, por lo que hacerlo provocará un escándalo jurídico que acarreará una grave crisis económica y social”.

El pasado 16 de junio, la Corte aplicó la avocación, una herramienta que suspende plazos procesales a una causa, que le retira la causa al juez a cargo ante un inminente riesgo de arbitrariedad para alguna de las partes y que conlleve a un evento de interés público. Rafael Gutiérrez, como presidente del alto tribunal, solicitó el envío del expediente para ser analizado. A partir de esto, debe ser estudiado por toda la Corte y de allí definir un per saltum por avocación, o bien devolver la causa al juez Lorenzini.

Esta decisión se dio por la presentación que hizo un acreedor –Commodities, del Grupo Grassi-, quien denunció que se estaban por cometer graves irregularidades institucionales en el concurso que lleva adelante Lorenzini. El proceso estaba empezando en las instancias definitorias, y hasta la empresa consiguió los avales de la banca privada, a los que les debe cerca de 500 millones de dólares, para que se sume a la propuesta de pago.

El límite de la fecha de negociaciones es el 30 de junio, y según la firma “la sociedad presentará las conformidades del sector financiero que junto a las ya presentadas superará holgadamente el 67% del capital de la deuda que exige la ley de concursos y quiebras”. En este proceso, Vicentín siguió funcionando y sin despidos.

Gil Lavedra se hizo cargo de la presentación en tiempos definitorios, un abogado que es una eminencia en el derecho a nivel nacional, y llega justo a dos días de la finalización de las negociaciones con los acreedores, que viene sobre rieles para la empresa y ya habría conseguido el porcentaje necesario para poder cerrar el acuerdo.

El abogado habla de “groseras falsedades” en la presentación que hizo Commodities para solicitar la avocación, puntualizando en que no se generaron nuevas deudas durante el proceso del concurso, se pagaron los sueldos, los impuestos y se sostuvo la actividad cotidiana de la empresa en un 90 por ciento.

“¿Qué fraude puede existir cuando Vicentin está intervenida, co-administrada y con síndicos controlando la legalidad de las operaciones? Ninguno. En cuanto a la venta de acciones a Renova efectuada en 2019, tanto el síndico como el interventor del concurso aceptaron la absoluta regularidad de esta operación”, agregaron.

Commodities denunció en lo penal y en lo civil la posible venta del 33 por ciento de Renova, lo cual generó la detención de uno de los directores de Vicentín por la prohibición vigente de vender activos producto de las decisiones desde la causa penal. Sin embargo, desde la empresa aclararon que es una transacción “sometida a condición de que se homologue el acuerdo y se levanten las medidas cautelares”, y serviría para afrontar el pago de la deuda para la mayoría de los acreedores y poder homologar el acuerdo.

“Resulta evidente la absoluta ausencia del tribunal provincial para avocarse al conocimiento de una casa judicial, mucho menos dentro de un concurso y para ordenar la suspensión de términos, máxime de la manera en la que se hizo por presidencia y sin un traslado previo vulnerando el derecho de defensa y la garantía de juez natural”, abunda Vicentín.

Y cierra: “El decreto no tiene sustento jurisprudencial, especialmente en el propio Tribunal santafesino, que ha tenido una postura contraria a admitir esta clase de planteos”.

Comentarios