La disputa judicial por la expropiación de YPF entró en una nueva etapa en Estados Unidos. La jueza federal Loretta Preska dio por concluida su intervención en primera instancia y dejó sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra Argentina. El próximo movimiento depende ahora de la Corte Suprema estadounidense, que deberá decidir si acepta el pedido de revisión presentado por Burford Capital.
La resolución de Preska formaliza las consecuencias del fallo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito emitió en marzo de este año. En aquella instancia, el tribunal revocó la condena que obligaba al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones, una cifra que con intereses había llegado a superar los USD 18.000 millones.
Fuentes de la Procuración del Tesoro explicaron que la decisión era un paso procesal esperado y aclararon que no representa el final definitivo del litigio. La continuidad del caso en Estados Unidos dependerá de que la Corte Suprema acepte tratar el recurso de Burford.
Por qué se anuló la condena contra Argentina
El conflicto se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la expropiación de YPF. Los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora, vinculados a la familia Eskenazi, y Eton Park impulsaron una demanda al considerar que el proceso había vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios.
Burford Capital financió el litigio y adquirió los derechos vinculados a los reclamos de los antiguos accionistas. En 2023, Preska falló a favor de los demandantes y condenó a Argentina a pagar más de USD 16.100 millones, en uno de los mayores reveses judiciales sufridos por el país en tribunales estadounidenses.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones consideró que la magistrada había interpretado incorrectamente el derecho argentino. Entre sus argumentos, sostuvo que la legislación nacional sobre expropiaciones impedía plantear reclamos de terceros que interfirieran con ese procedimiento y que el estatuto de una sociedad no equivalía a un contrato bilateral entre accionistas que habilitara una demanda por daños de esas características.
El fallo del 27 de marzo fue considerado una victoria para la posición argentina. En junio, el plenario del Segundo Circuito rechazó revisar esa decisión, por lo que Burford recurrió a la Corte Suprema como última vía judicial dentro de Estados Unidos.
Qué puede resolver la Corte Suprema de Estados Unidos
A comienzos de octubre, Burford presentó un recurso de certiorari para solicitar que el máximo tribunal revise la decisión de la Cámara. El fondo cuestiona la interpretación jurídica adoptada por los jueces de segunda instancia y sostiene que se apartaron de precedentes de la propia Corte Suprema.
La presentación, sin embargo, no obliga al tribunal a intervenir. Los magistrados deben decidir primero si aceptan el expediente y, de hacerlo, avanzar con el análisis de los argumentos de las partes.
Según fuentes oficiales citadas en la información original, la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 solicitudes por período de sesiones y selecciona alrededor de 80 casos para revisar. No existe un plazo predeterminado para resolver este tipo de pedidos, por lo que todavía no hay una fecha cierta para conocer su decisión.
Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el Gobierno contemplaba este escenario desde el fallo de marzo y que continuará con la defensa de los intereses del Estado argentino.
El litigio también sigue en otro frente
La disputa no se limita a los tribunales estadounidenses. Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
Por eso, aunque la resolución de Preska cierra formalmente su intervención en la primera instancia, el conflicto por la expropiación de YPF todavía mantiene vías de litigio abiertas. El futuro del reclamo en Estados Unidos dependerá, en lo inmediato, de la decisión que adopte la Corte Suprema sobre el pedido de revisión.
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