El 24 de marzo de 1976 inició la época más oscura de la historia argentina. Alrededor de las 3 de la madrugada de aquel miércoles, el teniente general Jorge Rafael Videla irrumpió por cadena nacional y anunció el golpe de Estado que no sólo derrocó al gobierno de Isabel Perón, sino que también instaló el horror en el país.
“Se comunica a la población que a partir de la fecha, se encuentran bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento de las disposiciones y directivas que emanen de la autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones”, expresó el entonces Presidente de facto.
Secuestros, torturas, sangre y terrorismo de Estado fueron algunos de los conceptos que caracterizaron los siete años siguientes a aquella noche negra. Más de 340 centros clandestinos de detención se abrieron en el territorio y, según organismos especializados, se forzaron 30.000 desapariciones. Asimismo, 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar, pero menos de cien pudieron recuperarse.
El 30 de octubre de 1983, bajo el texto constitucional impuesto durante la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, se llevaron a cabo las elecciones que proclamaron a Raúl Alfonsín como el “padre de la democracia”.
Además de la crisis económica y los conflictos sociales, el radical debió acelerar los juicios a los militares. Por eso, trasladó las causas a la Justicia Civil, dando inicio al proceso popularmente conocido como el “Juicio a las Juntas”. Desde 1985 a 1987 se llevaron a cabo las audiencias públicas, los alegatos de fiscalía y las condenas, fundamentadas en el plan criminal ejecutado por los golpistas.
El 9 de diciembre de 1987 se dictaron las sentencias, condenando a Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Roberto Viola fue penado con 17 años de prisión, Armando Lambruschini con 8 y Orlando Agosti con 4.
Tres años después, Carlos Menem sancionó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y otorgó indultos a los cinco condenados. Luego, en 2003, Néstor Kirchner dictó la nulidad de las normas y en 2005, la Corte Suprema se sumó a la medida declarando la inconstitucionalidad. De esta manera, se consolidó el proceso de reapertura de los juicios por lesa humanidad que comenzó en 2006.
1.058 condenas a 46 años
Desde que se reabrieron las causas por violaciones a los derechos humanos hasta la fecha, se contabilizan 1.058 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y 165 absueltos. Del total de las sentencias registradas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el 44% se encuentra en etapa de instrucción, mientras que el 43% ya culminó. Un 10%, en tanto, aguarda por el inicio del debate y un 3% está actualmente en juicio.
De acuerdo con el reporte difundido por el organismo, hay 542 personas procesadas y, de ellas, 142 con falta de mérito. Otros 34 indagados aguardan la resolución de su situación procesal y 96 resultaron sobreseídos durante la primera parte de las instancias.
Por otro lado, 579 procesados se encuentran en prisión domiciliaria, 118 en establecimientos penitenciarios y 67 en otras dependencias como, por ejemplo, la Unidad 34 que funciona en Campo de Mayo. Asimismo, fallecieron 964 personas investigadas antes de obtener una pena.
A 46 años del suceso, el ministerio de Seguridad de la Nación difundió la nómina de buscados por la Justicia e incrementó a 5 millones de pesos -45.425 dólares- la recompensa ofrecida a quienes suministren datos de los prófugos.
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