Hace siete años, Alberto Nisman a cargo de la la UFI-AMIA fue hallado muerto en su departamento, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a un grupo de colaboradores por el encubrimiento del atentado, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.
La Cámara Federal porteña aseguró que el fiscal fue asesinado en el marco de sus funciones. Estaba en vísperas de ir al Congreso a presentar las pruebas de una denuncia que hoy quedó al borde de la nada: en octubre, el tribunal que debía llevar adelante el juicio oral a la hoy vicepresidenta dijo que el Pacto con Irán no fue un delito. El fallo sobreseyó a todos los acusados, aunque las querellas buscan revertir esa decisión en Casación.
A 7 años de la muerte del fiscal, la hipótesis del asesinato sigue vigente en Israel. En este momento la investigación en argentina tiene a cinco procesados. El principal es Diego Lagomarsino, el técnico informático que fue acusado de haber sido partícipe necesario en el crimen porque su arma se usó para dar muerte a Nisman; el resto son los cuatro custodios –Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz– que debían proteger ese fin de semana al fiscal de la causa AMIA, implicados en encubrimiento de homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario.
No obstante, Lagomarsino dice que se trató de un suicidio, insiste en ello y cuestiona la pericia de Gendarmería Nacional quien determinó que se tratpo de un homicidio con hora exacta.
Sin embargo, quedo firme el procesamiento firmado por el juez Julián Ercolini que sostuvo que Lagomarsino prestó el “arma amiga ” y dio detalles a los asesinos para que pudieran entrar al departamento y ejecutar el crimen.
En octubre de 2020 Lagomarsino dejó de usar la tobillera electrónica, aunque se reporta al juzgado para notificar que sigue ajustado a derecho.
El 7 de octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió por unanimidad sobreseer a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros procesados por la denuncia que había presentado Nisman, tras considerar que “el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito”.
Durante ese año, de la lista de 89 testigos que se había ordenado, declararon una treintena de ex agentes, en medio de las limitaciones que impone el Covid, la necesidad de hacerlo en un lugar ajeno a la fiscalía y el operativo que impone la declaración bajo reserva de esas testimoniales.
En mayo de 2015, una junta de 13 peritos del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal presentó la pericia médica sobre el cuerpo de Nisman, de la que también participaron Osvaldo Raffo y el legista Julio Ravioli como peritos de la parte querellante (Arroyo Salgado) pero se negaron a firmar.
El informe señaló que la muerte fue “menor a 24 horas” en un sentido “amplio”, y en un sentido “acotado” “entre 14 y 24 horas”, desde la realización de la autopsia, en las primeras horas del lunes 19 de enero y que el disparo se efectuó dos centímetros arriba de la oreja.
Lo que está claro para los investigadores es que la muerte de Nisman no puede interpretarse sin mirar la guerra de espías que estaba sucediendo en las entrañas de la hoy AFI (entonces SI).
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