El juez federal de Rosario Gastón Salmain quedó ante una instancia decisiva para su futuro judicial. Este miércoles, los representantes del Consejo de la Magistratura solicitaron su destitución durante el jury de enjuiciamiento que analiza su desempeño al frente del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario.
La acusación considera que el magistrado incurrió en mal desempeño de sus funciones por dos motivos centrales: las presuntas irregularidades en una medida cautelar vinculada con el fideicomiso Attila y la omisión de antecedentes disciplinarios al momento de presentarse al concurso para ocupar el cargo. Salmain, que está suspendido de sus funciones, escuchó los alegatos junto a sus abogados y sostuvo que debe continuar como juez.
“Gastón Salmain no puede seguir siendo juez de la Nación”, planteó la acusación al fundamentar el pedido de remoción. La presentación estuvo a cargo del senador Luis Juez, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, y la abogada Jimena de la Torre, en representación del Consejo de la Magistratura.
La causa Attila y la acusación por un presunto soborno
Uno de los principales cargos está relacionado con una medida cautelar que Salmain dictó a fines de 2023 en favor del fideicomiso Attila. Según la hipótesis de la acusación, el magistrado habría acordado un retorno económico de 200.000 dólares a cambio de habilitar una operación para que la firma accediera a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en un contexto en el que regían restricciones cambiarias.
Durante su exposición, Barroetaveña cuestionó distintos aspectos del trámite judicial. Entre ellos, señaló que la medida se habría dictado sin contar previamente con un dictamen de la fiscal Adriana Teresa Saccone sobre la competencia territorial, y que se desoyeron objeciones del Banco Central. También objetó la caución exigida para conceder la cautelar y la decisión de mantenerla vigente mientras se tramitaba la apelación.
“Todo lo que hizo el juez fue en contra de lo que dice la ley”, resumió el consejero durante su alegato.
La acusación también hizo referencia a la declaración como imputado colaborador del financista Fernando Whpei, quien habría señalado a Salmain en la investigación penal. En la causa también aparece mencionado el escribano Santiago Busaniche. Para los representantes del Consejo, la reconstrucción del expediente y los elementos reunidos respaldarían la hipótesis de que las decisiones judiciales buscaron favorecer al fideicomiso a cambio de un beneficio económico.
Salmain está procesado con prisión preventiva en la causa penal, en la que se le atribuyen los presuntos delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esas imputaciones forman parte de una investigación penal y no deben confundirse con una condena firme.
El antecedente que no figuraba en su currículum
El segundo eje del jury se centra en la información que Salmain presentó cuando concursó para convertirse en juez federal. La acusación sostuvo que el magistrado omitió declarar que había sido exonerado del Poder Judicial en 2002, cuando se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social.
Según el relato expuesto por Luis Juez, aquella sanción estuvo vinculada con una investigación por un supuesto ofrecimiento de dinero para alterar el sorteo de expedientes y beneficiar a un estudio jurídico en el que Salmain trabajaba. El caso derivó posteriormente en un proceso penal y, de acuerdo con lo expuesto durante el jury, el exfuncionario accedió a una suspensión del juicio a prueba (probation).
Para el Consejo de la Magistratura, la omisión de ese antecedente resulta especialmente relevante por los requisitos de transparencia e idoneidad exigidos a quienes aspiran a ejercer la magistratura. Juez sostuvo que el postulante debía haber informado su historia disciplinaria para que el organismo pudiera evaluarla.
La defensa, en cambio, argumentó que Salmain no estaba obligado a declarar hechos ocurridos más de dos décadas antes, dado que el reglamento contemplaría antecedentes correspondientes a los diez años previos. También cuestionó la validez de la exoneración y recordó que el Senado había aprobado por unanimidad su pliego para el cargo.
La defensa negó las acusaciones
Los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi pidieron que Salmain sea absuelto en el proceso de remoción. En relación con el expediente Attila, sostuvieron que no se probó un acuerdo entre el juez y Whpei ni la existencia de un pacto para obtener beneficios económicos.
Castro Bianchi cuestionó el valor de las pruebas presentadas por la acusación, entre ellas los registros de antenas telefónicas que, según los investigadores, permitirían ubicar a ambos en una misma zona en octubre de 2023. Para la defensa, esos datos no demostrarían por sí solos que se reunieron en el juzgado ni que existió un acuerdo ilícito.
Los letrados también pusieron en duda la credibilidad del financista, quien declaró como imputado colaborador, y señalaron que sus dichos debían ser contrastados con otras pruebas. Además, cuestionaron la rapidez con la que avanzó el proceso de enjuiciamiento y plantearon dudas sobre los intereses que podrían existir alrededor del juzgado.
Al pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal, Salmain defendió su actuación como magistrado y pidió que le permitan permanecer en el cargo. “Intenté ser el mejor juez que pude ser. Lo que dicen mis empleados y funcionarios del juzgado, eso soy yo, no lo que dice la acusación”, expresó.
También apeló a su propia trayectoria personal para solicitar que no lo aparten de sus funciones: “Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí, pero me levanté y camino. Y lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”.
Cuándo se conocerá la decisión
El futuro de Salmain quedará en manos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, integrado por siete miembros: los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.
Para concretar la destitución se necesitan cinco votos de los siete integrantes. Una vez concluidos los alegatos, el jurado contará con un plazo de 20 días para emitir su veredicto.
Si se resuelve su remoción, Salmain perderá sus fueros como magistrado y podría hacerse efectiva la detención vinculada con la prisión preventiva dictada en la causa penal. Hasta que exista una decisión definitiva, el pedido de destitución constituye la posición de la acusación y el juez conserva el derecho a defenderse de los cargos.
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