El Gobierno nacional dispuso una nueva reducción presupuestaria por $223.822 millones que amplía el ajuste sobre subsidios económicos con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.
La decisión quedó formalizada en la Disposición 20/2026 y fue detallada en un informe especial elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Los recortes alcanzan a sectores vinculados con la provisión de energía eléctrica y gas, el transporte público de pasajeros, empresas públicas, medios estatales y programas destinados al desarrollo de economías regionales y la industria láctea.
El mayor impacto del ajuste se concentra en el área energética, donde la reducción del financiamiento estatal asciende a $136.231 millones.
Según el informe oficial, dentro de ese monto se eliminan $110.000 millones de las reservas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos. También se recortan $13.410 millones correspondientes al Plan Gas IV y otros $11.392 millones del Fondo Fiduciario FFGAS, utilizado para compensaciones tarifarias en zonas frías.
Además, el ajuste contempla una baja de $1.366 millones en compensaciones para productoras de gas bajo la Resolución 24/2025 de la Secretaría de Energía y otros $63 millones del proyecto de energías renovables en mercados rurales ejecutado por la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP).
En el caso del transporte público, la poda presupuestaria alcanza los $30.000 millones. El documento señala que esos recursos provenían de reservas del Tesoro destinadas a sostener subsidios al sistema de movilidad de pasajeros.
Otro bloque importante del ajuste se concentra en subsidios a empresas públicas y programas estatales, con una reducción total de $57.591 millones.
Dentro de ese apartado, el Gobierno eliminó $50.000 millones destinados a subsidios para empresas públicas. También dispuso un recorte de $2.980 millones para gastos corrientes de ARSAT, la empresa estatal de soluciones satelitales.
Los medios públicos también quedaron alcanzados por la medida. La disposición reduce $1.618 millones en asistencia financiera para empresas dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa, entre ellas RTA SA, APE SA y Contenidos Artísticos e Informativos SA.
El ajuste además impacta sobre sectores productivos regionales. Se eliminaron $1.705 millones previstos para el programa de Impulso al Desarrollo de Economías Regionales y otros $1.000 millones destinados a políticas para el sector lácteo.
Finalmente, la medida reduce en $289 millones los fondos asignados a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), organismo encargado de tareas vinculadas al aprovechamiento y administración de recursos hídricos compartidos.
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