El Ministerio Público de la Acusación (MPA) contabilizó 404 denuncias por amenazas de balaceras en escuelas de Santa Fe, en un fenómeno que se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, ocurrido el 30 de marzo en la ciudad de San Cristóbal. Las intimidaciones, que incluyen mensajes, pintadas y exhibición de armas reales o simuladas, son investigadas como delitos penales y ya derivaron en múltiples procedimientos judiciales en toda la provincia.
Según informó la Fiscalía General, las denuncias se distribuyen en las cinco regionales: 75 en Santa Fe, 238 en Rosario, 33 en Venado Tuerto, 23 en Reconquista y 35 en Rafaela. En ese marco, hasta el 21 de abril se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de más de 50 elementos, entre ellos celulares, armas de fuego, armas blancas y municiones.
El avance de las investigaciones permitió identificar al menos a 73 personas como presuntas responsables, de las cuales cerca del 95% son menores de edad, un dato que encendió las alarmas en el sistema judicial y educativo. Los casos son abordados por fiscales de toda la provincia, con medidas que incluyen allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos e imputaciones.
En algunos expedientes ya se formalizaron cargos por delitos como amenazas coactivas e intimidación pública en concurso ideal. Por ejemplo, en la Fiscalía Regional N.º 1, dos adolescentes —de 16 y 18 años— fueron imputados, aunque recuperaron la libertad bajo medidas alternativas.
Rosario, el distrito con mayor cantidad de denuncias, concentra la investigación en la Unidad Especializada en Cibercrimen, a cargo de los fiscales Matías Ocariz y Aurelio Cicerchia. Allí se desarrolla una pesquisa compleja, bajo reserva, que busca identificar tanto a los autores materiales como a posibles instigadores de las amenazas, en coordinación con el fuero de Responsabilidad Penal Adolescente.
En paralelo, el Gobierno provincial anunció medidas para desalentar este tipo de hechos. La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, confirmó que comenzarán a cobrar a los padres los costos de los operativos de seguridad, que oscilan entre 5 y 6 millones de pesos.
“Los operativos van entre 5 y 6 millones de pesos”, explicó la funcionaria, y remarcó: “Los padres tendrán que responder”. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al Ministerio de Justicia y Seguridad.
El mensaje institucional también busca generar conciencia en la comunidad educativa bajo una consigna clara: “No es broma, es delito”, lema que comenzó a replicarse en redes sociales por parte de estudiantes.
Desde la Fiscalía General insistieron además en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en lo referido a la tenencia de armas, recordando la obligación legal de mantenerlas fuera del alcance de menores.
Finalmente, desde el Ejecutivo provincial ratificaron la continuidad de políticas públicas para recomponer el clima en las escuelas. “La escuela tiene que volver a ser un espacio de contención y educación”, sostuvo Coudannes, en un contexto que combina violencia, impacto social y preocupación creciente en toda la provincia.
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