En poco tiempo se cumplirán dos años del crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, ocurrido en la noche del 9 de noviembre de 2024 a la salida de un partido que habían jugado Rosario Central y San Lorenzo en Gigante de Arroyito. La ejecución sicaria se produjo a pocas cuadras del estadio y junto al que había sido líder de la barra brava auriazul durante más de dos décadas también fue últimado Daniel “Rana” Attardo, dirigente sindical que había sido su lugarteniente en el paravalanchas canalla. Por el doble asesinato, hubo varias detenciones que apuntaron al rol que podría haber tenido en el hecho la banda Los Menores, aunque la investigación no imputó todavía autores intelectuales ni materiales del hecho.
En paralelo, lo que también avanzó fue la trama económica que rodeaba al que fuera por años uno de los barras más connotados del fútbol argentino. Las últimas novedades se dieron en estas horas con la información de que la justicia federal avanza con el embargo y decomiso anticipado de bienes pertenecientes a Andrés “Pillín” Bracamonte, tras realizar allanamientos la semana pasada en Rosario, Ibarlucea y Granadero Baigorria, con los que se busca profundizar la causa por lavado contra el entorno del ex líder de la barra brava de Rosario Central, asesinado a balazos en noviembre de 2024 a la salida de un partido en el Gigante de Arroyito entre los canallas y San Lorenzo.
La investigación original había nacido a fines de 2023, tras la detención de Bracamonte por parte del MPA santafesino. Luego de su muerte, los fiscales decidieron continuar con la causa monitoreando las actividades de la familia del ex barra de Central. Y así encontraron movimiento de bienes que les permite avanzar con la medida solicitada por Diego Velasco y Juan Argibay Molina, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Federico Reynares Solari, de la Unidad Fiscal Rosario. Tras el pedido al Juzgado Federal N° 3
Los bienes para los que se pidió el decomiso anticipado fueron una Ford Ranger, una casa en la zona norte de Rosario en Álvarez Thomas al 1800 y la paticipación asignada en vida a “Pillín” en seis sociedades comerciales.
Hay otros bienes que se encontraron a nombre de familiares de Bracamonte, sobre los que los fiscales pidieron embargo preventivo: ahí aparecen 19 vehículos, como un BMW M2, el VW Scirocco que había comprado el hijo de “Pillín” sin tener ingresos demostrables, una moto Yamaha R1, cuatro camionetas Amarok y un auto modelo Mini Cooper. Además, un departamento en Vila al 700, otro en la calle White y la casa en un country en Ibarlucea, adonde había resultado detenido en 2020 el todavía jefe de la barra canalla.
También, según consta en los documentos judiciales, se pidió el secuestro de una moto de agua que lleva el nombre “La Pitufina” y la prohibición de innovar sobre cuatro licencias de taxi.
Durante los tres años que lleva la causa, hubo discusión sobre el ámbito en el que debía avanzar la investigación ya que el primer expediente por lavado había surgido en el ámbito de la justicia provincial. Entre las sospechas de fiscales del MPA y del MPF apareció la vinculación del mandamás del paravalanchas de Rosario Central con actividades en zona portuaria. Lo que se pudo detectar fue que junto a Carlos Vergara, dirigente de la UOCRA San Lorenzo, se presionaba a las empresas del Cordón Industrial para que contraten los servicios de Vanefra, la firma que tenían el barra y el sindicalista para proveer baños químicos y viandas.
Los radares judiciales pusieron el foco en primera instancia, los “libre deuda sindical” para empleados de Vanefra que no iban a trabajar, así como sobres con dinero que se encontraron en los allanamientos.
Un patrimonio que, para los fiscales, no cerraba
Uno de los principales elementos detectados alrededor de Bracamonte fue la diferencia entre sus actividades económicas declaradas y los bienes y gastos que aparecían vinculados con él. Según la documentación incorporada al expediente, figuraba ante AFIP como vendedor minorista de indumentaria deportiva y monotributista categoría F, mientras que también aparecía como empleado y socio de ATE Servicios Integrales SRL. El BCRA informó que había recibido de esa empresa transferencias por más de 7,1 millones de pesos durante el período analizado.
A esa información se sumaron 46 cruces migratorios registrados desde enero de 2013, con destinos o procedencias que incluyeron Brasil, Paraguay, República Dominicana, México, España, Perú, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Panamá, Turquía, Chile y Cuba. Para los investigadores, esos movimientos debían ser analizados junto con el resto de la información económica y patrimonial, como parte del nivel de vida que había llevado Bracamonte.
Otro capítulo de la pesquisa estuvo puesto en los automóviles. PROCELAC detectó vehículos directamente registrados a nombre de Bracamonte y otros pertenecientes a familiares, exparejas o sociedades comerciales relacionadas con él, pero respecto de los cuales figuraba autorizado para conducir. Entre los rodados relevados aparecen una BMW M2, una Volkswagen Amarok, una BMW 125i, una Yamaha YZF-R1 y un Volkswagen Scirocco.
Uno de los casos que llamó la atención de los fiscales fue el de su hijo Andrés Guillermo Bracamonte. Según el informe, cuando tenía 18 años adquirió un Volkswagen Scirocco 0 km valuado por entonces en más de 28 millones de pesos, mientras que en octubre de 2023 compró una Yamaha YZF-R1 valuada en más de 22 millones. En ambos casos, “Pillín” figuraba autorizado para conducir los vehículos.
Seis empresas bajo la lupa
El expediente también reconstruyó la participación de Bracamonte en distintas sociedades comerciales. Entre 2017 y 2023 aparecen seis firmas vinculadas al exjefe de la barra de Central: Vanefra SRL —que luego pasó a llamarse ATE Servicios Integrales SRL—, Ser-Eco SRL, Ruffino SAS, Kabrasi SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.
La denuncia de PROCELAC profundizó sobre cada una de ellas. ATE Servicios Integrales tenía entre sus actividades la limpieza, construcción y alquiler de baños químicos y servicios gastronómicos; Ser-Eco estaba dedicada al alquiler de baños químicos; Ruffino tenía como objeto, entre otras actividades, la comercialización de indumentaria y la organización de espectáculos; Kabrasi incluía servicios navieros y gastronómicos; B+D se dedicaba a logística y transporte de cargas; y Welding & Company estaba orientada a proyectos de ingeniería, construcción y equipamiento para las industrias química, petroquímica y minera.
Para los investigadores, la creación de ese entramado societario constituía otro indicador que debía ser profundizado. De hecho, el requerimiento de instrucción resume cinco elementos que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, podían funcionar como señales de una maniobra de lavado: el posible origen ilícito de los fondos, la inconsistencia patrimonial, el manejo inusual de efectivo, la utilización de prestanombres y la creación de numerosas personas jurídicas.
El dato del efectivo
Uno de los elementos más concretos surgió de los allanamientos realizados en noviembre de 2023, cuando Bracamonte y Vergara fueron detenidos en el marco de la investigación provincial por asociación ilícita y extorsiones.
En el domicilio vinculado a Bracamonte en el country Los Álamos de Ibarlucea se encontraron 6 millones de pesos en efectivo, además de teléfonos celulares y un sobre de papel madera con una inscripción de la UOCRA. En la vivienda vinculada a Vergara, en tanto, se secuestraron 39.130.450 pesos y 18.300 dólares, junto con una escopeta, dispositivos móviles e inhibidores de señal.
Ese hallazgo fue incorporado por PROCELAC como uno de los indicadores de un eventual manejo inusual de efectivo. Para los fiscales, la utilización de dinero físico en operaciones de montos importantes constituye una señal que adquiere relevancia cuando se la analiza junto con la ausencia de una explicación económica compatible con los fondos y los bienes detectados.
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