La Policía de Investigaciones (PDI) realizó tres allanamientos en las localidades de Casilda, Arteaga y San José de la Esquina en el marco de la ola de amenazas en escuelas del departamento Caseros. Como resultado, fueron identificados tres menores de edad y uno de ellos, de 16 años, fue trasladado a sede policial.
Los procedimientos se llevaron a cabo tras una serie de mensajes intimidatorios en baños escolares, en línea con hechos similares registrados en distintos puntos de la provincia. La causa está bajo investigación por amenazas e intimidación pública.
El caso se originó en la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda, donde aparecieron pintadas con amenazas similares a las detectadas en otros establecimientos educativos de Santa Fe. A partir de entrevistas y tareas investigativas, los agentes lograron identificar como posible autor a un alumno de 16 años, identificado como N.Á., quien además habría instigado a otros estudiantes a replicar este tipo de conductas.
En paralelo, se detectaron hechos similares en la Escuela N° 206 de Arteaga y en la Escuela N° 542 de San José de la Esquina, donde también se identificó a los presuntos responsables, de 12 y 11 años, respectivamente.
Qué se secuestró en los allanamientos
Durante los operativos en los domicilios vinculados a los investigados, se incautaron distintos elementos de interés para la causa:
- En Casilda, un teléfono celular del principal involucrado.
- En Arteaga, un celular, una computadora y dos revólveres a cebita.
- En San José de la Esquina, otro teléfono celular.
Como consecuencia, el joven de 16 años fue trasladado para su identificación formal y notificación de la causa, mientras que en el caso de los otros dos menores no se dispusieron medidas judiciales.
Las medidas fueron ordenadas por la jueza penal Fabiola Piemonte, a partir de requerimientos de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, a cargo de la fiscal Rocío Cosgaya. La investigación continúa para determinar el alcance de los hechos y las responsabilidades en una problemática que ya afecta a múltiples escuelas de la provincia.
En paralelo, el Gobierno de Santa Fe informó que, junto al MPA, se enviaron 39 intimaciones para que los responsables cubran los costos de los operativos policiales, que ascienden a 200 millones de pesos en la región centro-norte.
Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad inició acciones patrimoniales y administrativas para recuperar los gastos ocasionados, independientemente del avance de las causas penales.
Según datos oficiales, ya fueron identificados 73 autores en el marco de estas amenazas, lo que evidencia la magnitud de un fenómeno que combina conductas delictivas, problemáticas sociales y el uso de redes y entornos escolares para su propagación.
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