La investigación federal por el presunto desvío ilegal de medicamentos de uso hospitalario sumó nuevos procedimientos en Rosario. Este viernes, los sanatorios Laprida, Delta y Norte quedaron bajo la lupa judicial en una causa que busca reconstruir el circuito de circulación de ampollas de fentanilo y morfina que habrían sido sustraídas de establecimientos sanitarios para su posterior comercialización por fuera de los canales legales. La investigación también comprende a la Farmacia Mansilla, de la localidad de Acebal, donde se realizó un procedimiento previo.
Las medidas fueron solicitadas por el fiscal general Federico Reynares Solari y la auxiliar fiscal Rocío Soledad Estrada, de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, y autorizadas en el marco de una investigación federal. El objetivo es obtener documentación, registros informáticos y elementos que permitan determinar cómo ingresaron los medicamentos a los establecimientos, quiénes tuvieron acceso a ellos y si existieron faltantes o entregas irregulares.
El expediente apunta a varios lotes específicos de medicamentos. Entre ellos figuran partidas de fentanilo de los laboratorios Denver Farma, Celtyc y Veinfar, además de morfina Algedol, de Gobbi Novag. La Fiscalía pidió revisar facturas, remitos, libros de psicotrópicos y estupefacientes, inventarios, registros de administración por servicio o paciente y documentación sobre roturas o faltantes. También busca identificar al personal que pudo intervenir en el manejo de esos productos.
El origen de la causa se remonta al 11 de junio de este año, cuando la Policía Federal allanó una vivienda de Wheelwright en el marco de otra investigación y encontró 293 ampollas de medicamentos: 243 de fentanilo y 50 de morfina. En el inmueble residían Martín Andrés Prado, licenciado en Enfermería, y Martín Gabriel Andrada, médico cardiólogo, quienes quedaron imputados por el presunto suministro de estupefacientes fuera de los casos permitidos por la terapéutica y el ejercicio ilegal de la medicina. Según la hipótesis fiscal, ambos habrían administrado medicamentos a pacientes fuera de los circuitos habilitados.
A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron la trazabilidad de los productos y analizaron conversaciones telefónicas y transferencias de dinero. La hipótesis sostiene que Lisandro Hernán Rodríguez y Erica Analía Cassan habrían abastecido a Prado y Andrada con medicamentos obtenidos de manera irregular. La Fiscalía también investiga si Vanesa Soledad Córdoba, empleada de la Farmacia Mansilla de Acebal, tuvo alguna intervención en la salida de ampollas de morfina de ese establecimiento. En el caso de la farmacia, el expediente señala una inconsistencia entre un remito de una droguería y los registros de la autoridad sanitaria provincial.
La investigación busca establecer si existió un circuito de sustracción y comercialización ilegal dentro del sistema de salud. En su pedido de medidas, la Fiscalía destacó que los medicamentos habrían sido apartados de sus canales legítimos de custodia y utilizados por fuera de los controles sanitarios. Los elementos reunidos deberán permitir corroborar o descartar esa hipótesis y determinar las responsabilidades individuales.
El caso se conoce en un contexto marcado por la investigación nacional sobre el fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes en Argentina durante 2025. Sin embargo, es importante distinguir ambos expedientes: el documento fiscal que fundamenta estos procedimientos en Rosario y Acebal se concentra en el presunto desvío y suministro clandestino de fentanilo y morfina. No establece que los lotes investigados en esta causa sean los que provocaron las muertes asociadas al fentanilo contaminado.
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