Las causas Hotesur y Los Sauces llegaron este viernes a juicio oral, a más de una década de haberse hecho las denuncias iniciales. La primera de las audiencias se realizó en los tribunales de Comodoro Py, en CABA, con la presencia virtual de los principales acusados, Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. Lo que la justicia federal buscará demostrar es la repetición de maniobras desplegadas desde la cúspide de la administración nacional entre 2007 y 2016 para sustraer fondos públicos, cuyo origen era ocultado mediante operaciones inmobiliarias y hoteleras.
“El pago de dádivas y lavado de dinero se realizó mediante una asociación ilícita integrada por los ex presidentes, su hijo Máximo, un ex gobernador de Santa Cruz, el contador de la familia Kirchner, los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sous y Lázaro Baéz, entre otros. El plan criminal no se agotaba en el sistema de beneficios para empresarios amigos que se enriquecían por su amistad con integrantes del PEN, sino del esquema que permitía transferir y disimular ganancias ilegales”, leyeron los fiscales en el inicio del juicio.
“Así lograron ganancias para sí mismos y facilitaron que la empresa de Lázaro Báez se convierta en un importante holding. Cristóbal López y Fabián De Sousa consiguieron además durante la gestión de Néstor Kirchner el permiso para juegos de azar y explotación petrolera. Alquilaba propiedades de Los Sauces al matrimonio presidencial, al mismo tiempo que recibía concesiones. Los fondos eran una contrapartida por ese favorecimiento”, ampliaron los funcionarios judiciales en el documento de apertura del juicio.
“El primer eslabón de la cadena investigada es la creación de una sociedad para administrar inmuebles. En diciembre de 2007, con un capital de 100 mil pesos, Néstor, Máximo y Cristina, la crean. El 45 por ciento de las acciones lo tenía Néstor, otro 45 Cristina y un 10 Máximo, que fue nombrado como presidente deel directorio de la empresa. En el primer año, compararon diez propiedades, que empezaron a alquilar. En 2006 compran un lote a la Municipalidad de El Calafate por $136 mil, a $7.50 el metro cuadrado. Un año más tarde, había incrementado un 226 por ciento su valor. En 2007 compran por 442 mil dólares cinco departamentos en Puerto Madero, con firma de Máximo (que tenía un poder desde el 31 de mayo de 2003). En 2009 lo venden a 982 mil dólares. Una vez que el dinero de procedencia ilícita adquiría ropaje de legitimidad por la vía de alquileres inmobiliarios o utilización de habitaciones en hotel, pasaban a formar parte del patrimonio de la familia Kirchner”.
Cómo nacen las causas
Las primeras denuncias en ambas causas se hicieron en 2014 y en 2016. En ambos casos, fue Margarita Stolbizer quien se presentó a la justicia tras haber visto un informe de “Periodismo Para Todos”, el programa que conducía Jorge Lanata. En el ciclo televisivo, se habían mostrado los hoteles en El Calafate que tenían Néstor y Cristina con la empresa Hotesur, además de las propiedades en Santa Cruz y en Puerto Madero, a nombre de la firma Los Sauces.
Aunque son expedientes diferentes, los investigadores encontraron relaciones comerciales, empresarios y movimientos de dinero que, según la fiscalía, podrían formar parte de un mismo mecanismo.
En el caso Los Sauces, la denuncia impulsada por la entonces diputada Margarita Stolbizer dio lugar a una investigación que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo. En 2017 se dictaron procesamientos contra los principales acusados.
Hotesur, por su parte, quedó bajo investigación por presuntas irregularidades societarias y contables y por los negocios hoteleros con empresas vinculadas a Báez. El expediente avanzó sobre los pagos, los contratos de explotación y el destino de los fondos que ingresaban a las sociedades familiares.
Esa firma es la propietaria de Alto Calafate, un lujoso hotel patagónico en el que las habitaciones cuestan hasta 600 mil pesos la noche. Néstor Kirchner lo compró a fines de 2008, en medio de una polémica pública por los 2 millones de dólares que adquirió en octubre de ese año, justo antes que se desate una crisis financiera a nivel global.
Durante años, las investigaciones atravesaron procesamientos, recursos, discusiones sobre la validez de las pruebas y decisiones judiciales que demoraron el paso a la instancia oral. La discusión también incluyó si correspondía analizar cada empresa por separado o considerar las operaciones como parte de una misma estructura.
La Corte Suprema ordenó en diciembre de 2024 que Los Sauces avanzara hacia el juicio oral. En octubre de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que Hotesur y Los Sauces debían juzgarse conjuntamente, al considerar que existía una conexión entre los hechos investigados y que la separación podía fragmentar indebidamente el análisis de la prueba.
La decisión de unificar los expedientes no significa que los acusados hayan sido declarados culpables. Significa que el tribunal deberá evaluar en un mismo proceso la hipótesis de que las dos sociedades fueron utilizadas para canalizar dinero de origen ilícito.
¿Cómo funcionaba la presunta maniobra?
El esquema denunciado puede resumirse en cuatro etapas:
- El Estado adjudicaba contratos o concedía beneficios a empresarios. Entre los principales nombres bajo investigación aparecen Lázaro Báez, vinculado con la obra pública en Santa Cruz, y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, del Grupo Indalo.
- Las empresas de esos empresarios pagaban a sociedades de la familia Kirchner. En Hotesur, los pagos se vinculaban con la explotación y las reservas de habitaciones de hoteles como Alto Calafate y Las Dunas. En Los Sauces, se trataba principalmente de alquileres de propiedades.
- Los pagos se registraban como operaciones comerciales. La acusación cuestiona que algunos contratos respondieran a necesidades reales de las empresas que pagaban, que los precios fueran razonables o que los servicios se hubieran prestado efectivamente.
- El dinero ingresaba al patrimonio familiar con apariencia de legalidad. Para los fiscales, esa sería la etapa de lavado: fondos presuntamente provenientes de delitos anteriores se incorporaban al circuito económico mediante operaciones que aparentaban ser lícitas.
Este punto es central: no alcanza con demostrar que un empresario recibió contratos públicos y después alquiló una propiedad de un funcionario o de su familia. La acusación debe probar que los fondos tenían origen delictivo y que las operaciones formaban parte de una maniobra criminal, con la participación y el conocimiento que corresponda atribuir a cada acusado.
La defensa de los Kirchner, por su parte, sostuvo que las operaciones eran negocios registrados y declarados. El juicio deberá determinar si esa explicación resulta suficiente o si, como sostiene la fiscalía, detrás de los contratos existía un circuito de lavado.
Hotesur: los hoteles y los pagos de Lázaro Báez
Hotesur es la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate, uno de los establecimientos asociados al patrimonio de la familia Kirchner. La investigación también alcanzó a Las Dunas y a la relación comercial con Valle Mitre, una empresa vinculada con Lázaro Báez que estuvo a cargo de la explotación hotelera.
Los investigadores sospechan que parte del dinero que las empresas de Báez obtenían mediante contratos de obra pública era canalizado hacia los hoteles familiares a través de pagos por habitaciones, servicios y acuerdos de explotación.
Uno de los cuestionamientos es que las reservas y los pagos no siempre habrían tenido una correspondencia verificable con la utilización efectiva de las habitaciones. La acusación sostiene que esos ingresos permitían transferir dinero a la familia Kirchner bajo la cobertura de una actividad hotelera.
Según el requerimiento fiscal citado en la cobertura judicial, Valle Mitre pagó a Hotesur más de 28 millones de pesos, además de otros 6,9 millones de pesos vinculados con Las Dunas, durante los períodos analizados. Son cifras históricas, correspondientes a las operaciones investigadas, no valores actualizados a la actualidad.
Para los fiscales, esos movimientos deben analizarse junto con las adjudicaciones de obra pública a las empresas de Báez en Santa Cruz y con las irregularidades investigadas en la causa Vialidad.
La hipótesis no es que todos los ingresos de los hoteles fueran necesariamente ilícitos, sino que una parte de los pagos podría haber servido para introducir fondos de origen criminal en el patrimonio de la familia.
Los Sauces: alquileres a Báez y al Grupo Indalo
La segunda parte de la investigación gira alrededor de Los Sauces S.A., una inmobiliaria constituida en noviembre de 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner.
La sociedad tenía propiedades que alquilaba a empresas vinculadas con empresarios que mantenían negocios con el Estado. Entre sus principales clientes figuraban firmas de Lázaro Báez y compañías relacionadas con Cristóbal López y Fabián De Sousa.
De acuerdo con la acusación, entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó aproximadamente 25,97 millones de pesos a empresas de esos grupos por alquileres. La fiscalía estimó que esos ingresos representaban cerca del 88% de la facturación de la inmobiliaria en el período examinado.
Los investigadores cuestionaron que una proporción tan elevada de los ingresos dependiera de empresas vinculadas con contratistas o beneficiarios de decisiones estatales. También pusieron bajo la lupa los valores de los alquileres, la necesidad comercial de algunos inmuebles y la relación entre los pagos y los negocios públicos de los inquilinos.
La acusación sostiene que esos contratos podrían haber sido utilizados para transferir dinero a los Kirchner a cambio de una contraprestación que, aunque aparecía formalmente como un alquiler, encubría retornos ilícitos.
En este expediente, además del lavado de activos, se atribuye a Cristina Kirchner el papel de jefa de una asociación ilícita y a Máximo Kirchner el de organizador, según la imputación fiscal. Esos roles deberán ser probados en el juicio y no equivalen a una condena anticipada.
¿De qué acusan concretamente a Cristina y Máximo Kirchner?
La situación de ambos debe explicarse distinguiendo los delitos atribuidos y los papeles que les asigna la fiscalía.
Cristina Fernández de Kirchner está acusada de lavado de activos en los expedientes vinculados con los hoteles y la inmobiliaria familiar. En Los Sauces, además, la acusación le atribuye el rol de jefa de una asociación ilícita que habría operado con empresarios y otras personas para cometer delitos.
Máximo Kirchner está acusado de lavado de activos y, en Los Sauces, de haber actuado como organizador de esa asociación ilícita. La investigación analiza su participación en la sociedad familiar, sus intervenciones en operaciones y movimientos financieros y su relación con los negocios cuestionados.
¿Qué condena podrían recibir?
El lavado de activos, previsto en el artículo 303, contempla para su figura básica una pena de tres a diez años de prisión, además de una multa que puede oscilar entre dos y diez veces el valor de la operación, siempre que se cumplan los requisitos legales de la figura aplicable.
La asociación ilícita, contemplada en el artículo 210, prevé de tres a diez años de prisión para sus integrantes. Para quien sea considerado jefe u organizador, el mínimo es de cinco años y el máximo continúa siendo de diez.
En el caso de Cristina Kirchner, la atribución del rol de jefa en Los Sauces implica que la acusación pretende que se aplique la escala correspondiente a esa función. Para Máximo Kirchner, el rol de organizador también supone una imputación más grave que la de un integrante común de la asociación.
Como ambos están acusados por más de un delito, el tribunal deberá resolver cómo corresponde aplicar las reglas de concurso de delitos. Las penas no se suman de manera automática ni puede afirmarse, antes del juicio, que recibirán una cantidad determinada de años.
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