Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de la provincia, fue apartado de su rol en la coordinación de los concursos para la designación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación. La decisión se da luego de que se difundieran audios donde el funcionario afirmaba que pudo “zafar” y “limar” irregularidades.
Somaglia estaba al frente de la renovación de autoridades, un importante rol en un momento político delicado que mezcla a la justicia con la constante inseguridad. Estaba en sus manos designar el sucesor de Jorge Baclini como fiscal general del MPA y los jefes de todas las fiscalías, incluida la de Rosario.
La historia se remonta a agosto del 2021, tras la suspensión de Débora Cotichini como jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones por usar recursos con “fines no institucionales”. Allí, Sain contactó a Somaglia. Si bien sus teléfonos no fueron secuestrados, la conversación terminó en teléfonos secuestrados entre miembros e involucrados del Ministerio de Seguridad.
En los audios, se puede escuchar al funcionario judicial decir: “Hay cosas que se pueden manejar y otras que no. Yo llego hasta donde puedo. La verdad que la mina viene complicada por filtraje de información. Filtró información, siendo ella miembro parte de la oficina de investigaciones. Lo que pueda suceder, obviamente que ya no va a depender de mí sino de la Legislatura”.
“Esto una guerra Marcelo (Sain), es una guerra. Acá van cayendo soldados y van a seguir cayendo. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a esto. Contá conmigo para lo que sea necesario”, continúa.
Por último, cierra: “Estuve peleando hasta ahora con este tema y pude hacer zafar un montón. Con varias escuchas pude hacer con determinadas situaciones que fueron autorizadas por un juez. Es decir, pude limar muchísimo. Hay muchas cosas que yo laburo que vos no tenes ni idea, y siempre con el mismo objetivo, que es el paraguas y la protección tuya”.
Cabe destacar que la formalización de su corrimiento mediante un decreto podría aseverar que obedece a planteos de la oposición y de la Asociación de Fiscales de la semana pasada. Hasta el momento, es imposible escindir la decisión del Gobierno del incómodo lugar en el que quedó.
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