La disputa por la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sumó este viernes un nuevo capítulo. Rockhopper y Navitas, las dos compañías que participan del desarrollo del yacimiento Sea Lion, aseguraron que mantienen sus planes pese a las medidas que anunció Javier Milei contra las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en el archipiélago.
Las petroleras emitieron un comunicado conjunto en el que defendieron las autorizaciones que recibieron de las autoridades de las islas y remarcaron que esas licencias continúan vigentes. También señalaron que cuentan con el “apoyo total y continuo” del Gobierno británico.
En ese contexto, las compañías buscaron llevar tranquilidad a sus inversores y sostuvieron que no esperan que las últimas declaraciones del Gobierno argentino produzcan modificaciones sustanciales en el proyecto Sea Lion. En particular, indicaron que tampoco prevén cambios en el cronograma establecido para avanzar con su desarrollo.
La respuesta empresarial llegó pocas horas después del discurso de Milei, quien volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y anunció una batería de medidas para intentar frenar la participación de compañías extranjeras en actividades económicas dentro de las islas.
Qué anunció Milei
Durante su discurso, el Presidente planteó que las empresas que intervengan en proyectos vinculados con los recursos naturales de las Malvinas sin autorización argentina deberán afrontar nuevas sanciones.
“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, afirmó.
Además, Milei adelantó que firmará un decreto destinado a acelerar la aplicación de las sanciones y que enviará al Congreso un proyecto para modificar el marco legal y aumentar las consecuencias para las compañías involucradas.
La iniciativa también alcanzaría a accionistas, integrantes de los directorios y proveedores de las empresas que participen de este tipo de proyectos. Entre las medidas anunciadas se encuentra la posibilidad de impedirles desarrollar actividades en el territorio continental argentino y avanzar con procesos judiciales en ausencia.
El Presidente justificó la decisión al advertir sobre la posibilidad de que la explotación petrolera avance rápidamente en la zona. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo.
Sea Lion, el proyecto que concentra la atención
El yacimiento Sea Lion todavía no se encuentra en producción. El proyecto atraviesa una etapa de exploración y desarrollo, aunque su eventual puesta en funcionamiento podría convertirse en un punto de inflexión para la actividad hidrocarburífera en las islas.
La importancia radica en las reservas de petróleo que podrían encontrarse en las aguas próximas al archipiélago. Para Argentina, cualquier explotación de esos recursos se realiza en un territorio cuya soberanía reclama y que permanece bajo administración británica desde 1833.
Rockhopper y Navitas, sin embargo, sostienen una posición diferente. Las compañías consideran válidas las licencias otorgadas por las autoridades locales y cuentan con el respaldo político de Londres para continuar con las actividades.
La disputa no es nueva. Argentina ya había sancionado a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022 por sus actividades vinculadas con la exploración de hidrocarburos en la zona de Malvinas.
Además de estas dos empresas, existen otras compañías con permisos de exploración en el área. Entre ellas se encuentran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, por lo que el conflicto podría extenderse más allá del proyecto Sea Lion.
La tensión llegó a los mercados
Las declaraciones también tuvieron un impacto inmediato sobre las empresas involucradas.
Rockhopper perdió más de un 5% de su valor en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas registró una caída cercana al 2% en el mercado de Tel Aviv. El comportamiento de las acciones reflejó la preocupación de los inversores frente a las posibles consecuencias de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno argentino.
Pese a ese escenario, ambas compañías buscaron transmitir que el proyecto no sufrió modificaciones. Su mensaje apunta a sostener que las licencias continúan vigentes y que el desarrollo de Sea Lion mantiene el respaldo de las autoridades británicas.
El escenario, sin embargo, abre una nueva incógnita: qué alcance tendrán las sanciones argentinas y hasta dónde podrán afectar a empresas que operan en las islas pero también tienen intereses o actividades vinculadas con el territorio continental.
La cuestión petrolera vuelve así a convertirse en uno de los principales puntos de tensión alrededor de Malvinas. Mientras Argentina prepara nuevas herramientas legales para intentar frenar la explotación de recursos que considera propios, las compañías involucradas ratifican que continuarán adelante con sus planes bajo las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas.
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