El ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, informó mediante un comunicado la cancelación del visado del tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por lo que podría ser deportado. De esta manera, el nueve veces campeón del Australian Open no podría defender su título en el Australian Open. Este viernes se reanudo la audiencia con el juez Anthony Kelly, quien determinó que el deportista no podrá ser expulsado antes de que finalice el caso.
Este sábado a las 8 de la mañana hora local, los abogados de ambas partes y el magistrado volverán a verse las caras. Luego de es encuentro, Nole podría quedar detenido a la espera de la última audiencia el día domingo. En este marco, sus defensores pidieron que no fuera a la oficina de inmigraciones para evitar un “circo mediático”.
“Hoy he ejercido mis poderes bajo la sección 133C(3) de la Ley de Migraciones para cancelar el visado de Novak Djokovic por asuntos de salud y orden público, considerando que va en favor del interés público”, expresó el funcionario de la administración de Scott Morrison. “El Gobierno está firmemente comprometido con la protección de las fronteras australianas, en particular en relación con la pandemia de coronavirus”, añadió.
La semana pasada, las autoridades de Australia le habían revocado la visa a Novak Djokovic aduciendo inconsistencias en el llenado de los datos y su no vacunación contra el coronavirus. El tenista reclamó vía legal y la Justicia de ese país terminó fallando a su favor. Sin embargo, el Ejecutivo aún contaba con la posibilidad de deportarlo, decisión que terminó tomando y que llevó a un nuevo choque frente al juez Kelly.
“Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia, y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido”, expresó el primer ministro Scott Morrison en un comunicado.
Novak Djokovic busca su título grande número 21, para convertirse en el máximo ganador en ese rubro. No obstante, no podría saltar al court y dejaría el camino allanado a Rafa Nadal. Además, podría tener su ingreso prohibido al país por los próximos tres años, a excepción de ciertos casos.
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