La investigación por el fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a dos ex funcionarias que estaban al frente de los principales organismos encargados de controlar la producción y comercialización de medicamentos cuando ocurrieron los hechos.
Las procesadas son Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Ambas fueron consideradas, en esta instancia de la investigación, partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales. El expediente también vincula los hechos con lesiones de distinta gravedad sufridas por otros pacientes.
La resolución fue dictada sin prisión preventiva, por lo que las dos ex funcionarias permanecerán en libertad. Sin embargo, el magistrado dispuso una serie de restricciones: deberán presentarse mensualmente ante la Policía Federal, entregar sus documentos de viaje, no podrán salir del país y tendrán prohibido mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.
Además, Kreplak ordenó embargos de $500.000 millones para cada una y la inhibición general de sus bienes.
El foco en las fallas de control
Uno de los puntos centrales del procesamiento está puesto en la actuación de los organismos estatales que debían fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las empresas vinculadas con la producción y distribución del fentanilo contaminado.
Para el juez, durante las inspecciones realizadas sobre las compañías se habían detectado irregularidades que podían haber derivado en medidas administrativas para impedir que continuaran funcionando en esas condiciones.
La resolución sostiene que las autoridades del sistema de control sanitario contaban con información sobre los problemas detectados y que, pese a ello, se produjeron demoras en la adopción de medidas.
El caso de Mantecón Fumadó aparece especialmente cuestionado. Según la reconstrucción realizada por el juzgado, la ex responsable del INAME conocía las deficiencias de los laboratorios y tenía facultades para intervenir frente a esas situaciones.
Uno de los episodios destacados por Kreplak está relacionado con las denominadas cartas de advertencia, instrumentos mediante los cuales el organismo podía exigir correcciones ante incumplimientos.
La Justicia determinó que la carta correspondiente a Laboratorios Ramallo finalmente fue emitida en febrero de 2025 y derivó en la inhibición de su actividad productiva. En cambio, una medida similar contra HLB Pharma quedó demorada durante más de cuatro meses y nunca llegó a concretarse.
Para el magistrado, esa diferencia tuvo relevancia porque durante ese período los productos de la firma continuaron circulando.
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El rol de la ex titular de ANMAT
El procesamiento de Bisio también se relaciona con las decisiones adoptadas dentro del organismo que encabezaba.
Kreplak consideró que, por su posición como máxima autoridad de la ANMAT, no podía desentenderse de las decisiones tomadas dentro del INAME, que dependía directamente de la administración.
El juez señaló además que Bisio conocía las irregularidades existentes y que tenía capacidad para intervenir frente a una eventual falta de acción de sus subordinados.
Uno de los momentos destacados en el expediente ocurrió en enero de 2025, cuando autoridades sanitarias mantuvieron una reunión con representantes de los laboratorios. Según la reconstrucción judicial, allí se acordó postergar la emisión de las cartas de advertencia y permitir que las empresas presentaran propuestas para corregir las deficiencias detectadas.
Meses después, el 12 de mayo de 2025, la propia Bisio firmó la disposición que prohibió el uso y la comercialización del lote de fentanilo identificado como 31.202, cuando el caso ya había derivado en múltiples fallecimientos.
90 muertes y 134 víctimas investigadas
El expediente judicial contabiliza hasta el momento 134 víctimas vinculadas con los hechos, de las cuales 90 fallecieron, además de decenas de personas que sufrieron lesiones de distinta gravedad.
La investigación también cuenta con 47 querellas y continúa avanzando sobre las responsabilidades de quienes participaron en la producción, comercialización, distribución y control del medicamento.
Los millonarios embargos impuestos a las ex funcionarias fueron establecidos teniendo en cuenta, entre otros elementos, la magnitud de los daños investigados, las posibles indemnizaciones civiles y los costos derivados de la investigación judicial.
En paralelo, el juez diferenció la situación de las ex autoridades de los organismos de control de la del ministro de Salud. Según la resolución, por el momento no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal, ya que las decisiones políticas analizadas apuntaban a impedir que los laboratorios continuaran operando y no a favorecer su funcionamiento.
El procesamiento de Bisio y Mantecón Fumadó marca así un nuevo avance en una causa que ya no se concentra solamente en los responsables de los laboratorios, sino también en las posibles fallas de los organismos estatales encargados de evitar que medicamentos en condiciones irregulares llegaran a los pacientes.
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