El juez Juan Carlos Peinado también envió a juicio a Cristina Álvarez, asesora de la esposa de Pedro Sánchez, por presunta malversación. El Gobierno cuestionó la decisión y denunció una supuesta persecución judicial.
El juez Juan Carlos Peinado dictó este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también irá a juicio por un presunto delito de malversación. Ambas serán juzgadas mediante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid.
En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sostiene que existen “indicios racionales” de que la posición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno habría sido determinante en una serie de actuaciones vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Uno de los puntos centrales señalados por Peinado es la creación, en 2020, de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que Gómez dirigió. El magistrado considera que se trató de una “cátedra extraordinaria a su medida” y sostiene que la acusada habría obtenido una interlocución particular con responsables de la universidad, empresas patrocinadoras y entidades del sector tecnológico.
El juez también puso el foco en una reunión que Gómez mantuvo en La Moncloa con el entonces rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Según la resolución, posteriormente el vicerrector Juan Carlos Doadrio recibió el encargo de crear una cátedra vinculada con la esposa del presidente.
Peinado destacó además la rapidez con la que se puso en marcha el proyecto. Según el auto, la cátedra comenzó sus actividades el 30 de octubre de 2020 y Doadrio describió el proceso como particularmente rápido.
La acusación por malversación
En el caso de Cristina Álvarez, el juez sostiene que la asesora, quien era personal eventual de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, habría intervenido de manera continuada en actividades vinculadas con la cátedra y con un software que, según la investigación, eran ajenas a las funciones de su puesto.
El magistrado sostiene que Gómez habría solicitado y utilizado de manera estable la dedicación de Álvarez para esas tareas, pese a que la empleada era retribuida con fondos públicos.
El auto también señala que la dirección de la cátedra no fuera remunerada directamente no elimina, a criterio del juez, la posibilidad de que existiera un beneficio, que puede ser “directo o indirecto”. Además, menciona que los ingresos de Gómez por actividades docentes en másteres de la Complutense aumentaron durante el período investigado.
Peinado no impuso fianzas ni otras medidas cautelares a las acusadas. Sí ordenó averiguar la capacidad económica de Gómez mediante sus cinco últimas declaraciones del IRPF, en el marco de las posibles responsabilidades económicas del proceso. Ambas deberán permanecer a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial.
La Universidad Complutense reclama 113.509,32 euros. La Fiscalía cuenta ahora con diez días para presentar su escrito y la resolución de apertura de juicio no admite recurso, según el auto.
El Gobierno cuestionó la decisión
Desde el Ejecutivo español cuestionaron duramente la decisión de Peinado. Fuentes de Moncloa calificaron la instrucción como “arbitraria e injusta” y denunciaron una supuesta “persecución judicial” contra Gómez por su condición de esposa de Sánchez.
El Gobierno sostiene que durante la investigación quedó demostrada la inocencia de la acusada y afirmó que mantiene su confianza en que el jurado popular actuará de manera ecuánime durante el juicio.
También cuestionó que el auto haya sido notificado mientras Sánchez viaja a Nueva York para participar de la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La oposición, por su parte, respondió a las críticas del Ejecutivo. Desde el Partido Popular señalaron que la inocencia o culpabilidad debe ser determinada por los tribunales y no por el partido de gobierno.
El envío a juicio marca el cierre de la etapa de instrucción y ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que deberá fijar la fecha del debate oral. La apertura del juicio no implica una condena: las acusaciones deberán ser discutidas durante el proceso y será el tribunal competente el que determine la responsabilidad penal.
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