La ONU advirtió por un nuevo deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y señaló que la concentración del poder político redujo de manera significativa los espacios de participación y pluralismo en el país.
El diagnóstico surge de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos, que analiza la situación registrada entre junio de 2025 y junio de 2026.
Uno de los datos utilizados por el organismo para describir el escenario político es el funcionamiento de la Asamblea Nacional: durante el período analizado se realizaron 185 votaciones y ninguna registró un voto disidente.
La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, sostuvo ante las delegaciones que “ya no existe el pluralismo político en las instituciones nacionales ni en el ámbito local”. Según expuso, el oficialismo también controla las 153 municipalidades del país.
Reformas que ampliaron el control del Ejecutivo
El informe también puso el foco en las modificaciones institucionales impulsadas por el gobierno nicaragüense.
Según la ONU, las reformas aprobadas durante el último año profundizaron la subordinación de organismos de control y ampliaron las facultades de la Presidencia. Entre otros cambios, se otorgó al Ejecutivo la posibilidad de designar al Procurador General de Justicia.
Kohonen también cuestionó la reforma constitucional aprobada el 1 de septiembre, al considerar que incorporó restricciones amplias para la participación política que pueden profundizar la exclusión de sectores opositores.
Nicaragua, además, no estuvo presente durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos. El país había abandonado ese organismo en 2025.
Cierres de medios y presión sobre la Iglesia
El deterioro señalado por Naciones Unidas también alcanza a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y comunidades religiosas.
Desde el comienzo de la crisis política de 2018, la oficina documentó el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de la personería de 5.539 organizaciones.
La Iglesia católica también aparece entre los sectores afectados. El organismo registró hostigamientos contra integrantes de esa comunidad y señaló que más de la mitad de las diócesis nicaragüenses permanecen sin obispo, principalmente debido al exilio de sus titulares.
El panorama se suma a denuncias recientes que Naciones Unidas ya había recibido sobre restricciones a la libertad religiosa, detenciones arbitrarias, desapariciones y limitaciones a la libertad de expresión y asociación.
Detenciones y muertes bajo custodia estatal
El informe registró además al menos 35 detenciones arbitrarias durante los 12 meses relevados.
Otro de los puntos que generó preocupación fue el aumento de las muertes de personas bajo custodia del Estado. Naciones Unidas documentó al menos cuatro casos entre junio de 2025 y junio de 2026, entre ellos el del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera.
Ante este escenario, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reclamó al gobierno nicaragüense la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, el cese de las prácticas represivas y la reanudación de la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
El nuevo informe se suma a los antecedentes documentados por organismos de Naciones Unidas desde el inicio de la crisis de 2018, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y se multiplicaron las denuncias sobre detenciones, persecución de opositores, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
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