El avance del poder del Ejecutivo y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre las instituciones de Nicaragua volvió a quedar en el centro de las críticas de Naciones Unidas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el país atraviesa un proceso de desmantelamiento de sus estructuras democráticas y sostuvo que “la situación es completamente indefendible”.
La advertencia fue realizada este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos, durante la presentación de un informe que analiza la situación del país entre junio de 2025 y junio de 2026.
“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, señaló Türk. El documento sostiene que el FSLN logró una presencia prácticamente total en las instituciones estatales y mantiene el control de la Asamblea Nacional, los 153 municipios y los dos consejos regionales de la Costa Caribe.
Una reforma que modifica el escenario electoral
Uno de los puntos que más preocupa a Naciones Unidas es el avance de una reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional en primera legislatura a comienzos de septiembre.
La modificación establece que quienes sean considerados “traidores a la patria” o “golpistas” no podrán participar de elecciones. Además, amplía de seis a siete años el período presidencial y desplaza el calendario electoral hasta 2028, aunque todavía debe ser aprobada en una segunda legislatura para entrar en vigencia.
El proceso fue aprobado por unanimidad. Según el informe de la ONU, el comportamiento de la Asamblea refleja el nivel de concentración política alcanzado por el oficialismo: un análisis de 185 votaciones plenarias realizadas entre junio de 2025 y mayo de 2026 no registró votos negativos ni abstenciones, incluso entre los 15 legisladores que no pertenecen formalmente a la coalición de gobierno.
El propio Daniel Ortega había anticipado el rumbo de la reforma al afirmar que “no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno”.
Detenciones y desapariciones
El informe también advierte sobre el uso de la detención arbitraria como mecanismo de represión. Naciones Unidas registró al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia que atribuye al Estado.
El organismo aclara que el número real podría ser mayor debido a las dificultades para investigar dentro del país. La falta de acceso, la ausencia de cooperación por parte de las autoridades y el temor de víctimas y testigos a sufrir represalias dificultan la documentación de los casos.
La situación se inscribe en un proceso represivo que Naciones Unidas viene denunciando desde las protestas de 2018, cuando una ola de movilizaciones contra el gobierno de Ortega dejó al menos 300 muertos, según cifras de la propia organización.
Más de 5.500 organizaciones disueltas
La reducción del espacio para la sociedad civil también aparece entre los principales puntos señalados por el informe.
Durante el período analizado, otras cuatro organizaciones civiles fueron obligadas a cerrar. Con ellas, el número de entidades disueltas arbitrariamente durante los últimos ocho años ascendió a 5.539.
La misma tendencia se observa en el ámbito de la prensa. Un nuevo medio de comunicación fue clausurado durante el último año, elevando a al menos 56 los medios cerrados desde que comenzó este proceso. “Casi no queda nada por cerrar”, afirmó Türk al describir el nivel de restricciones alcanzado.
El diagnóstico presentado ante el Consejo de Derechos Humanos plantea así un escenario en el que la concentración del poder político, las modificaciones constitucionales y la reducción de los espacios para la oposición, la sociedad civil y los medios de comunicación avanzan en paralelo. Naciones Unidas sostiene que este proceso continúa debilitando los mecanismos institucionales destinados a limitar el poder del Ejecutivo.
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