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Opinión
POR ANDRÉS CÁNEPA

Buscan modificar la ley de control de fiscales, tras las inequidades y la parcialidad en su uso

En noviembre de 2018, casi escondida entre otros proyectos y a libro cerrado, se aprobó la Ley 13.807. En ese texto se determinó que, a partir de ese momento, una Comisión Bilateral de Acuerdos sea la encargada de investigar y juzgar faltas que puedan cometer los integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En aquel entonces, alzaron la voz unos pocos fiscales de Rosario y un juez camarista, pero no pasó a mayores y el reclamo quedó en la nada. Miguel Lifschitz, gobernador en esos tiempos, la promulgó.

Desde ese entonces, los legisladores tuvieron la potestad exclusiva de sancionar a los fiscales de la provincia, lo cual generó discordias a partir de las causas que, según los fiscales de Rosario y las declaraciones de los imputados colaboradores, salpicaban a senadores provinciales. Después de solicitar el desafuero de Armando Traferri y recibir una negativa, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra juzgaron, en sendos juicios abreviados, al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y a Leonardo Peiti, líder del juego clandestino. También solicitaron 12 años de prisión para el ex fiscal regional Patricio Serjal, pero no pudieron avanzar sobre las figuras políticas vinculadas a la causa.

Para mayor decepción, son los mismos senadores que garantizaron los fueros los que tienen la posibilidad de sancionar, suspendiendo o echando de su cargo, a los fiscales que a ellos mismos investigan. Esta contradicción fue planteada por distintos sectores de la justicia y, en 2021, llegó a la Corte Suprema de Justicia santafesina un planteo para que se revise la constitucionalidad de esta ley. Con una mayoría de 4 a 2, el máximo tribunal definió que no había incongruencias constitucionales en este sistema de remoción de funcionarios del Ministerio Publico de la Acusación.

Los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi votaron en conjunto sosteniendo el actual sistema de control. Del otro lado, Daniel Erbetta y Mario Netri hablaron de incompatibilidades entre la ley y la Constitución y firmaron en discordancia con la mayoría. Así, se resolvió por la vía judicial que se sostenga esta metodología a la que, desde algunos sectores, la califican como de disciplinamiento para fiscales incisivos con los políticos.

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

Más allá de que en aquel entonces el proyecto se aprobó por unanimidad, hoy algunos sectores ven con buenos ojos modificar el mecanismo e ir hacia un sistema similar al de la Justicia Federal. Desde la oposición, plantean que una cosa era esta ley con un equilibrio de poder, como lo había en aquel 2018, y otra cosa es hoy. Por la diferencia de criterios, dependiendo de quién maneje la mayoría en la Comisión Bicameral, es que es una metodología con falencias severas que afecta la democracia y la división de poderes.

La Comisión sancionó a los fiscales Gustavo Ponce Asahad, pero recién cuando fue detenido, a Patricio Serjal, cuando corrió la misma suerte y ya estaba tras las rejas, y los expulsó. Este diciembre de 2021, la Comisión Bicameral de Acuerdos suspendió de su cargo sin goce de sueldo por sesenta días al fiscal de homicidios Adrián Spelta por un supuesto mal desempeño en una causa vinculada a Ema “Pimpi” Sandoval. Le permitió mejorar su condición de detenido y obtuvo la prisión domiciliaria, en una causa por triple tentativa de homicidio. Sandoval se había hecho famoso por haber estado acusado de haber efectuado los disparos a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti.

Otro hecho paradigmático fue la destitución de Marcelo Saín al frente del Organismo de Investigaciones del MPA, cargo que había concursado previo a ser ministro de Seguridad. Por “mal desempeño de sus funciones”, la Comisión recomendó su expulsión y la Asamblea legislativa ratificó el fallo. El ex funcionario metió un amparo en la justicia pero no corrió con suerte en primera instancia ni en la Cámara laboral.

En diciembre, tras la suspensión de Spelta y la expulsión de Saín, hubo una reunión entre los cinco fiscales regionales- Carlos Arietti, María Eugenia Iribarren, Diego Vigo, Matías Merlo y Rubén Martínez-, el fiscal general Jorge Baclini, el sector radical de Maximiliano Pullaro y el bloque socialista. En el cónclave, se dialogó la necesidad de modificar la ley de control a los fiscales e ir a un organismo mixto integrado por el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo como se realiza en la justicia Federal. Fue allí donde se aceptaron los errores del pasado de haber acompañado este sistema  los políticos les pidieron a los fiscales que comiencen un proceso para generar un nuevo proyecto y que contarían con el aval de esos sectores mayoritarios en la Cámara baja para acompañarlo.

Baclini, junto a los diputados radicales Pullaro, Cándido y Di Stéfano, y el socialista Joaquín Blanco.

El gobierno provincial, de la mano de Omar Perotti, también quiere impulsar una modificación y, de no haber mayores problemas en el Senado, pronto habrá una modificación de fondo en esta ley. El sistema “mixto” es el que más cierra desde el equilibro de poder y creen que tampoco era viable al viejo control interno que regía antes de esta polémica Comisión Bicameral que funciona desde el 2018.

Baclini, como jefe de los fiscales, se llevó la tarea de desarrollar y consensuar un proyecto y ahora en la Legislatura están a la expectativa de que esté listo para poder remendar el error del pasado.

Audiencia en la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recibirá el próximo 18 de marzo, en una audiencia a la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA de Santa Fe, y a la Asociación de Fiscales nacional.

Entre otros hechos de presiones recibidas desde la política por parte de fiscales en todo el país, la CIDH escuchará los casos de los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack que fueron denunciados cuando trabajaban en una causa sobre el manejo de los subsidios de los senadores en 2017. También el paradigmático caso de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra que fueron denunciados recientemente cuando intentaban llevar a juicio al senador Armando Traferrri por vínculos con el juego clandestino.

Sebastián Narvaja, fiscal.

Sobre finales del 2021, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA emitió un comunicado que, entre otras cosas, expresó: “La cohesión política que cuida a un Senador sospechado de corrupción y que amenaza a los fiscales que tratan de hacer su trabajo constituye, a la vez, una triste paradoja. En una Provincia en la que las víctimas de homicidios y femicidios se cuentan por cientos, parece imposible construir un consenso político general en materia de seguridad y justicia. No obstante, desde 2017, la mayoría de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo construyen impunidad monolíticamente”.

Esto fue un golpe para todo el arco político santafesino y, desde allí, se empezó a reconsiderar el sistema de castigo para los fiscales y se comenzó a andar un camino hacia la reconstrucción de las relaciones entre los poderes del Estado.

Sin castigos en la causa Oldani

Más allá de tener la potestad de investigar y sancionar fiscales por ley, ratificada por la Corte, y a pesar de las múltiples irregularidades en la Causa Oldani –un empresario de turismo asesinado al que se le descubrió que gestionaba una cueva de dinero ilegal-, no hubo sanciones de ningún tipo para la fiscal Cristina Ferraro, hoy de licencia, ni para el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti.

Ferraro y Arietti.

Entre los hechos controversiales que se fueron detallando con el andar de la causa, se destaca la falta de protección sobre las pruebas en la escena del crimen. Luego del disparo mortal que recibió Oldani, se fotografió en el lugar un cúmulo de billetes de 1 millón de dólares y 3 millones de pesos. Ese mismo 11 de febrero a las 21:59, policías desactivaron las cámaras de la galería que apuntaban sobre el local del hecho, casi en consonancia con la confirmación de la muerte del empresario desde el Hospital Cullen de Santa Fe.

Tres horas más tarde, alrededor de la 1 de la madrugada, familiares de Oldani, policías, una abogada de la fuerza y la misma fiscal Ferraro se hicieron presentes en el local del hecho y de allí retiraron bolsos, mochilas y una caja. El dinero registrado en las imágenes fotográficas desapareció en ese mismo instante. La presencia de la fiscal en el lugar se ratificó por el cruce de antenas del celular, además de las imágenes que la ubican en la Galería Rivadavia.

Las imágenes de seguridad se reconectaron recién a la mañana del 12 de febrero y se liberó la escena del crimen. Desde allí, no se supo más nada del dinero, ni tampoco se le pidió ninguna explicación formal a la fiscal Ferraro desde la regional ni desde la Legislatura.

Al tiempo, la fiscal de Delitos Complejos Mariela Jiménez comienzó a investigar si allí funcionaba una cueva financiera, a partir de las denuncias públicas del entonces ministro de Seguridad Marcelo Saín. A su vez, le consultó a Ferraro si sabía algo del dinero desaparecido y contestó que no sabía. Sin embargo, más adelante, los familiares de Oldani ratificaron que se llevaron el dinero y que fue todo con el permiso de la misma fiscal.

Jiménez, tras esta irregularidad y otras más que surgieron a la hora de intentar relevar pruebas sobre el funcionamiento de una cueva financiera en esa casa de turismo, informó todo al fiscal regional Arietti, quien no tomó ninguna determinación ni tampoco pidió explicaciones del caso, al menos formalmente. Un tiempo más tarde, Arietti corrió a Ferraro de la causa, pero sin dar explicaciones del porqué.

La denuncia de Saín siguió su rumbo hacia la justicia federal y el fiscal Walter Rodríguez intervino en el hecho ante la existencia de un delito federal. Sin embargo, en primera instancia, no le quisieron entregar la información. Tuvo que recurrir al gobernador Perotti que, al anoticiarse del tema, corrió el pedido al instante para que el MPA le envíe la información que requería Rodríguez. Recién ahí consiguió los datos para comenzar la investigación.

Carlos Del Frade, diputado provincial, ingresó el 1° de febrero del 2021 un pedido para que Arietti y Jiménez se presenten en la Cámara de Diputados a brindar explicaciones por todas estas irregularidades, pero nadie lo acompañó. Nadie, ninguno. Ni uno solo de los bloques de todos los colores políticos mayoritarios que integran la Legislatura. Ya pasó más de un año de aquella solicitud de Del Frade y siguen sin llamarlos a dar explicaciones.

Ferraro, por su parte, afrontó una investigación de la Auditora del MPA en la que solicitó dos meses de suspensión y esa resolución debían tomarla un tribunal de disciplina integrado por el senador del PJ Armando Traferri, la diputada socialista Lionella Cattalini, un representante del Colegio de Abogados, el fiscal regional Arietti y el fiscal general Jorge Baclini. Nunca se conformó.

¿Por qué la Comisión Bicameral no hizo lugar al pedido de Del Frade? ¿Por qué ni siquiera se investigó el tema? No lo sabemos, aún. Lo que sí sabemos es que, ante temas mucho menores, y hasta de discusiones técnicas, en ausencia de una presencia explícita de delitos como en este caso, han suspendido a un fiscal del sur provincial. Esto ratifica lo inequitativo que es este sistema de sanciones para los funcionarios del MPA y urge su modificación.

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