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Judiciales

Caso Salmain: el expediente pasó a Acusación y se agrava la situación del magistrado

El expediente por presuntas irregularidades fue derivado a la comisión que puede impulsar su juicio político. También pesan sobre el magistrado denuncias por coimas, abuso de autoridad y falsedad en su currículum

El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este miércoles el pase a la Comisión de Acusación del único expediente que permanecía en la Comisión de Disciplina contra el juez federal de Rosario, Gastón Salmain. La decisión implica un avance clave en el proceso, ya que ese ámbito tiene facultades para promover su juicio político.

La Comisión de Acusación evaluará al magistrado por haber mentido en su currículum y omitir que había sido expulsado del Poder Judicial tras un intento de soborno a una empleada, según se resolvió en el plenario. La denuncia fue impulsada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y del Consejo, Horacio Rosatti, y se suma a otras causas ya en trámite, entre ellas su procesamiento por presuntamente firmar fallos a cambio de coimas.

Durante el encuentro también se aprobaron distintos dictámenes y se elevaron 17 ternas al Poder Ejecutivo con 51 postulantes. El cambio de radicación del expediente se resolvió con el acompañamiento de consejeros de todos los estamentos —jueces, abogados, académicos, legisladores y representantes del Ejecutivo—, lo que refuerza el peso institucional de la decisión.

El traslado del caso no es menor: mientras que la Comisión de Disciplina solo puede aplicar sanciones económicas de hasta el 30% del salario, la de Acusación tiene la potestad de avanzar hacia un eventual juicio político. En ese marco, el expediente contra Salmain adquiere mayor gravedad institucional.

Sobre el juez ya pesan múltiples denuncias. Entre ellas, el procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal de Rosario por incumplimiento de deberes, cohecho y prevaricato, en una causa donde se investiga una maniobra para favorecer a un grupo financiero mediante medidas cautelares irregulares para la compra de dólares.

Además, se lo acusa de haber solicitado información a la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre su propia causa y de haber pedido una coima de 200 mil dólares a través de un intermediario. En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó planteos de su defensa y dejó sin efecto intentos de llevar el caso a la Corte Suprema.

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