El fiscal federal Gerardo Pollicita tomará declaración testimonial a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en el marco del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Se trata de las jubiladas que le financiaron parte del pago del departamento que el funcionario adquirió junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
La operación fue certificada el 18 de noviembre de 2025 por un valor total de 230.000 dólares: Adorni abonó un adelanto de 30.000 dólares y se endeudó por los 200.000 restantes.
Por disposición de la fiscalía, ambas mujeres deberán presentarse con sus teléfonos celulares para que la Justicia acceda a registros de llamadas, mensajes, audios, correos electrónicos e imágenes vinculadas a las operaciones investigadas.
La ronda de testimoniales continuará la semana próxima con los dueños de la inmobiliaria que intervino en la compraventa, Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, citados para el lunes 20 a las 9.
En tanto, el miércoles 22 declarará Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas, quien —según la escribana Adriana Nechevenko— mantiene una relación de amistad con Adorni, lo que explicaría la concesión de una hipoteca a un año sin intereses.
Además, el futbolista Hugo Morales, anterior titular del inmueble, sostuvo que Feijoo había reservado la propiedad para que luego fuera adquirida por su madre.
La investigación también se extenderá sobre otra propiedad atribuida a Adorni en el country Indio Cuá, donde declarará el ex dueño Juan Ernesto Cosentino, así como el contratista Matías Tabar, encargado de la remodelación. Este último deberá presentar documentación vinculada a presupuestos, órdenes de trabajo y detalles de obra.
La causa se inició a partir de denuncias que cuestionan un viaje en avión privado a Punta del Este y presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario ante la Oficina Anticorrupción.
En paralelo, en relación a otra vivienda ubicada en Asamblea al 1100, dos policías confirmaron en sede judicial que Adorni mantiene una deuda de 70.000 dólares más intereses, con vencimiento en noviembre de este año.
El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y sus acreedoras, mientras que el Ministerio Público solicitó informes patrimoniales a ARCA para determinar si contaban con capacidad económica para justificar los créditos y garantías hipotecarias bajo análisis.
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