El juez de Paz de Aguaray, Freddy Josué Chocobar, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación por retener dinero correspondiente a cuotas alimentarias que debía ser entregado a dos beneficiarias.
La condena se resolvió mediante un juicio abreviado, en el que el magistrado reconoció los dos hechos investigados. Fue declarado responsable de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
La investigación contra el juez de Paz
La investigación comenzó a partir de denuncias vinculadas con dinero correspondiente a cuotas alimentarias que había sido depositado en el Juzgado de Paz de Aguaray, pero que no llegó a las personas beneficiarias.
La causa fue impulsada por el fiscal Jorge Armando Cazón, quien logró avanzar con el proceso penal luego de que se resolviera la situación vinculada con la inmunidad constitucional que alcanzaba al magistrado por su condición de juez de Paz.
Durante la audiencia, Chocobar reconoció ambos hechos.
En uno de los casos, admitió que una mujer se presentó en el Juzgado de Paz para retirar $370 mil depositados en concepto de cuota alimentaria y que el dinero no le fue entregado.
En el segundo episodio, otra beneficiaria tampoco recibió los fondos que habían sido depositados con el mismo propósito.
La Corte de Justicia había suspendido al magistrado
Debido a la inmunidad constitucional que alcanzaba al juez, el fiscal había solicitado formalmente el allanamiento de esa inmunidad para poder someterlo a la jurisdicción penal.
El pedido fue concedido por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta, que tiene bajo su control a los jueces de Paz de la provincia.
Además de habilitar el avance de la causa, el máximo tribunal provincial dispuso la suspensión provisoria de Chocobar en su cargo.
Con esa resolución, la Fiscalía pudo avanzar con la investigación que finalmente derivó en la condena.
Deberá devolver $690 mil a las víctimas
Como parte del acuerdo alcanzado en el juicio abreviado, Chocobar deberá restituir un total de $690 mil a las dos víctimas.
Según se estableció, la primera cuota de la reparación ya fue depositada y el condenado deberá completar los pagos restantes de acuerdo con las condiciones fijadas.
Además de la pena de prisión condicional y la inhabilitación, deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años.
Entre ellas se encuentran fijar residencia y someterse al control del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados.
También tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, además de abstenerse de realizar actos de amenaza o ejercer violencia física o psíquica contra ellas.
La condena pone fin al proceso penal iniciado a partir de las denuncias por la retención de fondos destinados a cuotas alimentarias.
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