Paraguay discute este jueves en el Congreso el llamado a un juicio político para destituir al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana, en medio de una crisis bancaria que dejó a unos tres millones de personas con sus depósitos congelados. La iniciativa provocó en las últimas horas una nueva escalada de tensión política, mientras cientos de manifestantes salieron a las calles de Asunción para reclamar la devolución de su dinero y se enfrentaron con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.
La presentación fue impulsada por legisladores opositores y disidentes del oficialismo, después de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank, una de las mayores entidades financieras del país, por insuficiencia de capital.
La acusación presentada ante el Congreso solicita iniciar un juicio político contra Peña por “el mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo”. El mandatario también enfrenta cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses y por el aumento de su patrimonio.
La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central decidió intervenir la entidad y suspender sus servicios. Casi la mitad de los 6,4 millones de habitantes de Paraguay tienen cuentas en ese banco. El escándalo también provocó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y derivó en la detención de ocho directivos de Ueno Bank, entre ellos su presidente, Miguel Vázquez, después de una denuncia presentada por el organismo regulador ante la Justicia.
La protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, que intentaron dispersar a la multitud mediante camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Pese al operativo, numerosas personas continuaron con la movilización. “Es el dinero de nuestra jubilación que ahora no sabemos si lo vamos a cobrar”, expresó a la AFP Teresa Montiel, una médica de 50 años que participó de la protesta con una pancarta que decía “unidos somos más fuertes”.
El Banco Central precisó que los afectados recibirán un primer desembolso de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1675 dólares.
Qué puede pasar con Santiago Peña tras el pedido de destitución en el Congreso
El Partido Colorado, que llevó a Peña al poder, adelantó antes de la sesión especial que iba a apoyar el llamado a juicio político. Horacio Cartés, ex presidente paraguayo e impulsor de la candidatura del actual presidente guaraní, adelantó una posición similar.
La oposición necesita conseguir el respaldo de una parte del oficialismo para avanzar con el juicio político, ya que el partido gobernante tiene mayoría propia tanto en Diputados como en el Senado.
Si la Cámara baja aprueba la acusación, el procedimiento pasará al Senado, que será el encargado de desarrollar el juicio.
Para concretar la destitución de Peña y Alliana, se necesitarán al menos 30 votos de los 45 senadores. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar esa mayoría es incierta. Aunque el Partido Colorado controla ambas cámaras, existen diferencias internas y su presidente, el exmandatario Horacio Cartes, está distanciado del Gobierno.
Los legisladores que impulsan el juicio político acusan a Peña de haber tomado “decisiones regulatorias presuntamente favorables a Ueno Bank” y cuestionan la concentración de fondos previsionales en la entidad, debido a sus anteriores vínculos comerciales con el grupo que la controlaba.
Paraguay tiene un antecedente de destitución presidencial mediante un juicio político. En 2012, el Congreso removió del cargo a Fernando Lugo tras una masacre que dejó 11 campesinos y seis policías muertos.
Lugo había llegado al poder en 2008 y puso fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.
Peña asumió la presidencia en 2023 y su mandato constitucional se extiende hasta 2028. Por el momento, continúa en el cargo: el pedido de juicio político deberá superar las instancias parlamentarias correspondientes para que pueda concretarse su destitución.
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