La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y del resto de los condenados en la causa Vialidad con el objetivo de recuperar más de $684 mil millones fijados en concepto de decomiso.
La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes avanzaron sobre inmuebles, hoteles, terrenos y sociedades comerciales vinculadas al patrimonio de la ex presidenta y de otros involucrados en la causa judicial.
El monto actualizado que deberán afrontar los condenados asciende a $684.990.350.139,86. La cifra original había sido establecida en más de $84 mil millones, pero fue recalculada tras informes elaborados por peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.
Según el fallo, los imputados no cumplieron con la intimación judicial para afrontar el pago, por lo que se avanzará con la ejecución de bienes para cubrir el monto establecido.
Entre las propiedades alcanzadas por la medida figuran inmuebles ubicados en El Calafate y Río Gallegos, además de bienes pertenecientes a empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL.
Uno de los terrenos destacados se encuentra sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, y cuenta con una superficie superior a los 6.000 metros cuadrados. También quedaron bajo ejecución las diez unidades ubicadas en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, que habían sido cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.
La resolución incluye además inmuebles en 25 de Mayo al 200 y sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner al 400, ambos en la capital santacruceña.
Otro de los puntos centrales del fallo involucra el complejo hotelero Los Sauces, construido en terrenos adquiridos en El Calafate y que forma parte de otra investigación judicial por presuntos hechos de corrupción. También aparecen propiedades vinculadas al hotel Las Dunas y extensos terrenos incorporados al patrimonio familiar entre 2002 y 2008.
La Justicia también dispuso que, en caso de que los bienes inicialmente decomisados no alcancen para cubrir la suma fijada, se avance sobre activos de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José López y Mauricio Collareda.
El patrimonio de la familia Kirchner fue objeto de distintas investigaciones judiciales durante los últimos años. Según reconstrucciones realizadas a partir de declaraciones juradas y registros oficiales, entre 2003 y 2015 se produjo un fuerte crecimiento en la cantidad de propiedades, empresas y activos financieros declarados por el entorno familiar.
En 2016, Cristina Fernández de Kirchner transfirió a sus hijos parte de sus propiedades, fondos bancarios y acciones de sociedades familiares, en una operación realizada en medio del avance de las causas judiciales por corrupción.
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