La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe expresó una serie de objeciones al proyecto del gobierno que busca ampliar las herramientas para fortalecer la seguridad pública. Durante una reunión con las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, los ministros alertaron sobre una posible delegación excesiva de facultades a la Policía y a los fiscales, con riesgos para las garantías constitucionales.
El presidente del máximo tribunal provincial, Rafael Gutiérrez, encabezó la delegación que asistió en pleno al encuentro. Los ministros Daniel Erbetta y Jorge Baclini expusieron buena parte de los cuestionamientos al mensaje del Poder Ejecutivo, mientras que Roberto Falistocco también planteó reparos sobre algunos de sus alcances.
Uno de los principales puntos de conflicto es el equilibrio entre las herramientas para prevenir e investigar delitos y el control judicial sobre las restricciones de derechos fundamentales.
“Hay que ser muy prudentes a la hora de ceder facultades”, advirtió Gutiérrez durante la reunión, en referencia a las atribuciones que se pretenden incorporar.
Las objeciones de la Corte al proyecto de seguridad
Erbetta sostuvo que algunas disposiciones del proyecto entran en conflicto con el sistema acusatorio establecido por el Código Procesal Penal y con los estándares constitucionales e internacionales.
Según explicó, los fiscales tienen a su cargo la investigación y persecución de los delitos, pero las medidas que restringen derechos fundamentales deben quedar sujetas al control de los jueces.
El magistrado también cuestionó la delegación de facultades a la Policía y a los propios fiscales, así como los alcances de las denominadas áreas geográficas o áreas de intervención que contempla la iniciativa oficial.
Otro de los aspectos observados fue el régimen de medidas privativas de la libertad. Gutiérrez consideró que las restricciones a la libertad no pueden quedar en manos del Servicio Penitenciario, mientras que Baclini objetó que se habiliten medidas restrictivas sin plazos determinados.
También hubo observaciones sobre las figuras de reclusión agravada y prevención del delito. En cambio, el capítulo referido al sistema de recompensas no recibió cuestionamientos de fondo por parte de los integrantes de la Corte.
El planteo por la necesidad de ampliar las atribuciones
Los ministros también pusieron en discusión la necesidad de avanzar con mayores facultades en el contexto actual de la seguridad provincial.
Erbetta señaló que la situación mejoró notablemente y destacó la articulación entre los distintos niveles del Estado. Como argumento, sostuvo que desde la implementación del sistema acusatorio se triplicó la tasa de encierro en Santa Fe.
En la misma línea, Falistocco reconoció la disminución del delito, pero reclamó que el pedido de nuevas atribuciones esté acompañado por información que permita justificar su necesidad.
“¿Qué ha cambiado para dar mayores facultades?”, planteó el ministro durante el debate.
La Corte también formuló observaciones sobre otro mensaje del Ejecutivo, ya aprobado por el Senado, vinculado con la intervención en dispositivos móviles.
Qué cambios se discuten en Diputados
Además de los ministros de la Corte, participaron del encuentro representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa Pública.
Por el MPA asistieron Carla Cerliani, fiscal coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, y Víctor Moloeznick, subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones. Ambos solicitaron modificaciones en algunas normas y evitaron pronunciarse sobre medidas ajenas a las competencias del organismo.
En tanto, la defensora general Estrella Moreno Robinson y el secretario general Franco Gatti respaldaron el mensaje que propone crear unidades especiales y ocho cargos para la Defensa Pública.
Las comisiones que presiden Martín Rosúa, de la UCR, y Lionella Cattalini, del Partido Socialista, continuarán el análisis en los próximos días. La agenda prevé convocar a colegios de abogados, asociaciones de víctimas y especialistas en derecho penal.
La intención es que, durante noviembre, los bloques de Unidos busquen un acuerdo interno para llevar los proyectos al recinto. Según señaló un diputado radical que trabaja en la temática, varias de las advertencias formuladas por la Corte ya habían sido discutidas y algunas disposiciones fueron retiradas del texto durante el análisis legislativo.
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