La Justicia federal impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue adoptada este miércoles por el juez Martín Cormick, a un día de la quinta Marcha Federal Universitaria convocada en reclamo de mayores recursos para las casas de estudio públicas.
La sanción busca que el Gobierno cumpla con la orden judicial que exige recomponer y actualizar los salarios del personal docente y no docente, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que pidió la aplicación de la multa, las obligaciones establecidas en la cautelar todavía no se habían cumplido.
En su resolución, Cormick resolvió hacer efectivo un apercibimiento que había dispuesto previamente ante la falta de avances. “En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, señaló el magistrado.
Las astreintes son sanciones económicas que los jueces pueden imponer para presionar al cumplimiento de una obligación judicial. En este caso, la multa se aplicará por cada día de demora y el magistrado advirtió que podrá modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados por la medida.
Qué ordena la cautelar por el financiamiento universitario
La resolución se apoya en una medida cautelar que continúa vigente y que obliga al Ejecutivo a cumplir con determinados puntos de la Ley 27.795. El reclamo judicial se concentra en los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a la recomposición de los ingresos del personal universitario y a la actualización de las partidas destinadas a becas.
De acuerdo con el cálculo incorporado al expediente, la actualización salarial prevista por la ley representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025, para compensar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de ese año. La normativa también contempla actualizaciones mensuales de las remuneraciones de acuerdo con la inflación.
El Gobierno había presentado argumentos sobre los aumentos otorgados y las negociaciones mantenidas con los gremios. Sin embargo, el juez consideró que no se había acreditado el cumplimiento integral de las obligaciones fijadas judicialmente.
La Justicia ordenó al Gobierno cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
Cormick había intimado al Estado a cumplir con la cautelar en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre, y luego concedió una prórroga por otro período igual. Tras cumplirse esos plazos, el CIN solicitó que se hiciera efectiva la sanción económica.
El expediente tiene, además, una discusión de fondo sobre la aplicación de la ley. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver la apelación del Estado contra otro fallo de Cormick, que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la implementación de la norma a la disponibilidad de recursos presupuestarios.
Esa controversia no dejó sin efecto la cautelar: la medida había sido confirmada por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario presentado por el Estado el 25 de junio.
La marcha universitaria de este jueves
La decisión judicial se conoció en la antesala de una nueva movilización nacional en defensa de la universidad pública. La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará este jueves, en un escenario marcado por los reclamos salariales, las protestas estudiantiles y la disputa entre el Gobierno y las instituciones universitarias por la aplicación de la ley de financiamiento.
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló la intimación de cinco días
La convocatoria central comenzará a las 13.30 y tendrá como punto de concentración el Congreso de la Nación, mientras que también habrá manifestaciones en distintos puntos del país.
La movilización se desarrollará en paralelo a una jornada de actividad legislativa en la que sectores de la oposición buscarán avanzar con el rechazo del DNU 70/2023.
La multa contra Santilli suma así un nuevo capítulo al conflicto por los recursos universitarios: mientras el Ejecutivo sostiene su posición sobre el financiamiento y las negociaciones salariales, la Justicia exige que se cumpla una medida que continúa vigente.
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