La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió este miércoles a desmentir que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos, luego de que trascendieran versiones sobre una investigación federal vinculada a los contratos comerciales internacionales de la entidad. Sin embargo, distintas fuentes sostienen que ambos dirigentes forman parte de una pesquisa que lleva adelante el Distrito Sur de Florida.
A través de un comunicado oficial, la AFA aclaró que el documento judicial difundido no constituye una citación dirigida a Tapia ni a Toviggino. Según explicó, la convocatoria corresponde a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y aportar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la asociación.
Además, la entidad rechazó las versiones que señalaban que dirigentes argentinos habían sufrido el secuestro de teléfonos celulares y computadoras durante su paso por Nueva York, antes del regreso de la delegación tras el Mundial 2026. También negó que exista alguna medida judicial personal contra Tapia o Toviggino y adelantó que se reserva acciones legales por la difusión de información que considera falsa.
No obstante, distintas versiones sostienen que la investigación federal existe y que apunta a la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. La pesquisa también alcanzaría a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, entre otros dirigentes y empresarios vinculados a la entidad.
De acuerdo con esa información, el foco de la investigación está puesto sobre Tourprodenter LLC, una sociedad registrada en Florida y administrada por Javier Faroni, designada por la AFA como agente comercial exclusivo para gestionar patrocinadores, amistosos, derechos televisivos y otros acuerdos internacionales.
Según la documentación judicial, algunos de los citados deberán presentarse ante la Corte del Distrito Sur de Florida para aportar información vinculada con Tourprodenter y las comunicaciones mantenidas con los dirigentes investigados.
La investigación comenzó a tomar impulso durante el Mundial 2026, cuando fiscales del Departamento de Justicia y agentes del FBI profundizaron el análisis de operaciones comerciales que, según las versiones difundidas, superarían los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros convocados fue el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. Su declaración en Miami se extendió durante más de dos horas y estuvo orientada a reconstruir el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
La causa es encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, especializados en delitos financieros y lavado de activos. Hasta el momento no existen imputaciones formales, ya que la investigación permanece en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito del dinero, identificar a los beneficiarios de las transferencias y determinar si hubo delitos bajo la legislación estadounidense.
Entre las pruebas bajo análisis aparecen movimientos bancarios realizados a través de Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solo por esta última entidad habrían circulado más de 13,5 millones de dólares en menos de un año provenientes de contratos comerciales de la AFA en distintas regiones del mundo.
La documentación también menciona transferencias hacia sociedades como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, algunas de las cuales compartían domicilios o agentes registrales en Florida y luego dejaron de operar. Según las versiones difundidas, esa dispersión de fondos y la utilización de múltiples empresas dificultó seguir el recorrido del dinero.
Gran parte de la evidencia analizada por las autoridades estadounidenses surgió de procedimientos de discovery autorizados en el marco del conflicto judicial entre Tofoni y la AFA, documentación que posteriormente comenzó a ser evaluada por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigación penal. Mientras tanto, la AFA insiste en que sus autoridades no fueron citadas, niega cualquier medida judicial directa y sostiene que las publicaciones difundidas tergiversan el contenido de los documentos oficiales.
Comentarios