La Fiscalía de Rosario pidió una condena de 20 años de prisión para un comerciante acusado de matar a un joven de 27 años y quemar su cuerpo en un descampado de la zona noroeste de la ciudad. El imputado, Walter Germán Klein, será juzgado en un juicio oral previsto antes de noviembre, tras una investigación que comenzó con el hallazgo de un cadáver calcinado en agosto de 2023.
El hecho ocurrió en Rosario, en el barrio Nuevo Alberdi, cuando la víctima, identificada como Ricardo Martín Moreno, fue encontrada sin vida en un terreno cercano a las calles Baigorria y García del Cossio. Según la acusación, el crimen habría sucedido durante la madrugada del 5 de agosto de 2023, cuando el joven presuntamente ingresó a robar a una compraventa de plásticos propiedad del acusado.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Klein habría permanecido en el lugar para sorprender al ladrón y, al encontrarlo, lo atacó con violencia. Luego, siempre según la hipótesis de la acusación, trasladó el cuerpo unos dos kilómetros y lo incendió para ocultar el crimen.
La fiscal Andrea Vega sostiene que el comerciante actuó con intención y en un contexto de hartazgo por reiterados robos. En ese sentido, se expusieron mensajes previos que refuerzan esta línea: “se había quedado dentro del inmueble con el fin de agarrar a quien le había estado robando y hacérsela pagar”.
El caso se inició con el hallazgo de un cuerpo calcinado en un descampado de la zona noroeste de Rosario. En ese momento, la información era escasa, pero luego el Instituto Médico Legal logró identificar a la víctima como Moreno.
La investigación dio un giro cuando familiares del joven indicaron que esa noche planeaba ir a robar al galpón de Klein, lo que orientó las sospechas hacia el comerciante.
La reconstrucción del crimen
Según la acusación fiscal, el imputado habría golpeado en la nuca a la víctima con un objeto contundente, luego lo ató con cables, lo cubrió con una bolsa de arpillera y le colocó una bolsa de nylon en la cabeza, lo que provocó su muerte por asfixia.
Posteriormente, habría trasladado el cuerpo hasta una zona de quintas, donde lo roció con combustible y lo prendió fuego para eliminar evidencias. La autopsia confirmó que la muerte fue por asfixia mecánica y que las quemaduras fueron posteriores al fallecimiento. Días después, el galpón del acusado fue incendiado, en lo que se presume como una represalia de allegados a la víctima.
Entre las pruebas que sostienen la acusación figuran mensajes del imputado, registros de antenas de su celular, testimonios de familiares y conocidos de la víctima, y el hallazgo de una mochila perteneciente al joven dentro del entorno del acusado.
Además, en un allanamiento en su domicilio se encontraron armas de fuego, lo que derivó en una imputación adicional por tenencia indebida.
El abogado defensor, Mariano Scaglia, rechaza la hipótesis fiscal y asegura que no hay pruebas concluyentes que vinculen a su cliente con el crimen. En ese sentido, sostuvo: “No se pudo acreditar el ingreso de este chico a la compraventa. No hay rastros de vehículos ni registros de cámaras”.
También remarcó que las pruebas científicas no arrojaron resultados incriminatorios: “Las pruebas de Luminol sobre los vehículos fueron negativas”, y planteó dudas sobre lo ocurrido dentro del galpón.
La defensa intentó que el caso fuera juzgado por un jurado popular, aunque el pedido no prosperó.
El proceso judicial avanzará hacia un juicio oral con un tribunal de tres jueces, donde se debatirán todas las pruebas, incluidos llamados al 911, pericias, registros policiales y análisis de celulares. Mientras tanto, el acusado permanece en prisión preventiva, que fue prorrogada hasta la realización del juicio.
Comentarios