El Gobierno nacional intensifica las gestiones para llevar la reforma laboral al recinto del Senado antes del 13 de febrero, con la intención de aprobarla en la Cámara alta y enviarla rápidamente a Diputados. El oficialismo apunta a sesionar los días 11 o 12, en el marco de un nuevo período de sesiones extraordinarias que comenzará en las próximas horas y se extenderá hasta fines del mes. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, atraviesa una etapa decisiva tras una primera postergación registrada en diciembre pasado.
El proyecto comenzó su recorrido formal en el Senado a fines de 2025, cuando logró dictamen de mayoría, pero quedó envuelto en una serie de negociaciones políticas que todavía no terminaron de cerrarse. Ahora, el desenlace parece depender de una reunión clave prevista para el martes, cuando los senadores dialoguistas mantendrán una cumbre con la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. En ese encuentro se pondrán sobre la mesa pedidos de modificaciones que, en su mayoría, quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
Mientras se aguarda esa instancia, la Casa Rosada trabaja contrarreloj para ajustar su estrategia parlamentaria en semanas consideradas trascendentales dentro del Palacio Legislativo. Más allá del contenido puntual de la reforma, lo que el Ejecutivo se juega es la posibilidad de llegar fortalecido al 1° de marzo, cuando Javier Milei inaugure el período ordinario de sesiones del Congreso. Un avance exitoso de la reforma laboral le permitiría al Presidente mostrar un triunfo político tras meses de dificultades para imponer agenda en ambas Cámaras.
El resultado de esta pulseada también funcionará como termómetro del cambio de tono que el Gobierno intentó imprimir en su relación con el Congreso luego de un extenso período de tensión, que se prolongó durante buena parte de 2024 y 2025. En ese lapso, la oposición logró, en varias ocasiones, condicionar o directamente dominar el ritmo parlamentario, especialmente en el Senado, donde el oficialismo tuvo que ganar tiempo frente a embates del kirchnerismo y otros bloques opositores, una tarea que desde el Ejecutivo consideran poco reconocida.
Con el correr de las semanas, los puntos de conflicto entre el oficialismo y los sectores dialoguistas se volvieron previsibles. En la Cámara alta, La Libertad Avanza asume que cerrar acuerdos con gobernadores que tienen influencia directa sobre senadores resulta clave para garantizar la aprobación del proyecto. Con algunos mandatarios provinciales ya hubo entendimientos, pero el Gobierno sabe que no puede apoyarse únicamente en ese respaldo y que también necesita sumar voluntades de legisladores provinciales sin una conducción política clara, que suelen aprovechar su posición para elevar exigencias.
Ese escenario complica el movimiento de piezas en el tablero político. En diciembre pasado, el Ejecutivo intentó sellar acuerdos discretos para allanar el camino de la reforma, pero recién en los próximos días se sabrá hasta qué punto esos compromisos se mantienen firmes. En un clima cargado de especulaciones, nadie quiere adelantar posiciones ni exponer concesiones antes de tiempo.
Uno de los ejes más sensibles de la negociación gira en torno a la coparticipación. Gobernadores y aliados plantean su preocupación por la eventual caída de recursos para las provincias, aunque desde el oficialismo remarcan que la Nación sería la principal perjudicada en ese esquema. Aun así, reconocen que el Gobierno central cuenta con mayores herramientas para compensar ese impacto, algo que no ocurre en el interior del país, donde la situación financiera es más frágil y la obra pública atraviesa un momento crítico.
En ese contexto, reaparecen reclamos vinculados a la infraestructura. Un ingeniero con amplia trayectoria en obras a lo largo del país lo resumió de manera contundente al advertir que “si no se hace algo ya, se repetirá una pandemia, pero en rutas”. Según trascendió, existen pedidos concretos dirigidos a Bullrich y gestiones ante Caputo para reactivar un sector que muestra un deterioro creciente y cuya solución no parece inmediata.
Para destrabar el conflicto por la coparticipación, los dialoguistas plantean revisar beneficios impositivos vinculados al Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. Prefieren una reclasificación que no deje afuera a otros sectores y, además, reclaman mayor precisión en los plazos y alcances del artículo 212 del dictamen, que otorga amplias facultades al Ministerio de Economía para reglamentar distintos regímenes una vez sancionada la ley. Entre ellos se encuentra el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que fue objeto de observaciones. Desde dos despachos del Senado aseguraron que “eso ya se sacó”, en referencia a algunos de esos cuestionamientos.
Paradójicamente, las cuestiones estrictamente laborales parecen haber quedado relegadas a un segundo plano dentro del debate. El kirchnerismo, habitual protagonista en este tipo de discusiones, casi no reapareció en la Cámara alta, un dato que llamó la atención de propios y ajenos. En comparación con debates de los últimos 15 o 20 años, su actividad fue mínima y con un perfil bajo.
Por eso, todas las miradas están puestas ahora en la negociación que encabeza Balcarce 50 y en el margen de concesiones que el Gobierno esté dispuesto a aceptar. Un nuevo freno al proyecto sería interpretado como un segundo traspié grave en el Senado, con aroma a derrota definitiva. El martes, desde las 15, en la oficina central del bloque radical del Senado que conduce Eduardo Vischi, comenzarán a despejarse las incógnitas. Será el momento de mostrar las cartas y definir si la reforma laboral finalmente llega al recinto o vuelve a quedar atrapada en el laberinto político.
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