Se realizó un nuevo encuentro de la Mesa de Trabajo sobre cuidacoches en Rosario, en el marco de un abordaje integral de una problemática que sigue generando debate en la ciudad. La reunión tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” del Concejo Municipal y contó con la participación de concejales de distintos espacios políticos junto a legisladores provinciales.
En esta oportunidad, estuvieron presentes el senador departamental Ciro Seisas y el diputado provincial Germán Scavuzzo, quienes expusieron sobre los proyectos en tratamiento que buscan establecer un marco legal para la actividad.
La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, destacó la necesidad de sostener y ampliar estos espacios de diálogo, incorporando a distintos actores institucionales y sociales. En ese sentido, remarcó la importancia de articular políticas que contemplen tanto el ordenamiento del espacio público como la realidad social de quienes ejercen esta actividad.
Uno de los ejes centrales del debate pasa por diferenciar situaciones. Por un lado, cuando una persona ofrece de manera libre un servicio de cuidado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución, sin mediar amenazas ni coerción, se trata de una actividad que no debería ser penalizada. Por otro, cuando existen presiones, intimidaciones o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, la conducta podría ser considerada una contravención y sancionada.
El proyecto que cuenta con media sanción en el Senado, impulsado por Seisas, apunta justamente a establecer ese encuadre legal. La iniciativa contempla sanciones y posibles detenciones en casos de reincidencia, con especial atención en contextos agravados como la nocturnidad, los eventos masivos o situaciones de violencia.
Además, plantea un abordaje integral que combine herramientas de control con políticas de inclusión social y generación de empleo, en línea con la idea de que el fenómeno está estrechamente vinculado a condiciones socioeconómicas como el desempleo y la informalidad laboral.
En paralelo, desde distintos sectores sociales también se aportaron miradas al debate. La Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario advirtió sobre la necesidad de evitar la criminalización de prácticas que, en muchos casos, representan un medio de subsistencia para personas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, señalaron que penalizar acuerdos voluntarios podría implicar una forma indirecta de sancionar la ayuda social.
Asimismo, remarcaron que las conductas más graves —como amenazas, daños o agresiones— ya están contempladas en la legislación vigente, por lo que el foco debería ponerse en perseguir estructuras organizadas que operan con violencia o coerción, especialmente en eventos masivos.
El documento también advierte sobre la posible ineficacia de una prohibición general sin controles sostenidos, y propone avanzar en esquemas de regulación que incluyan registro de trabajadores, delimitación de zonas, criterios de funcionamiento y mecanismos de identificación.
Por su parte, el diputado Scavuzzo explicó que el proyecto continúa su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde fue girado a comisiones. Indicó que existen iniciativas similares de otros espacios políticos, lo que amplía el debate, y estimó que podría haber avances en un plazo cercano a los 60 días.
En ese contexto, también se puso sobre la mesa la necesidad de implementar políticas de inclusión que contemplen asistencia social, acceso a la salud y programas de capacitación laboral, así como una eventual implementación gradual de cualquier medida restrictiva, con instancias previas de relevamiento y acompañamiento.
El debate en Rosario continúa abierto, con múltiples miradas que coinciden en un punto clave: la necesidad de diferenciar entre trabajo informal y situaciones de abuso, para construir una respuesta estatal que sea eficaz, pero también socialmente justa.
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