Después de una semana de diferencias políticas y de la postergación del tratamiento parlamentario, la reforma de seguridad impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro consiguió este jueves media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe. El proyecto fue aprobado en general luego de un acuerdo entre los sectores radicales y socialistas que integran el frente Unidos.
El avance fue posible a partir de una serie de negociaciones que permitieron acercar posiciones sobre los artículos más controvertidos de la iniciativa. Durante el mediodía, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales habían firmado un dictamen con modificaciones respecto de la propuesta original, que finalmente llegó al recinto para su tratamiento.
En la votación en general, el oficialismo reunió el respaldo de los legisladores de Unidos y sus aliados. También acompañaron el bloque de Amalia Granata, la diputada justicialista Rodenas y los legisladores Natalia Armas Belavi, Juan Domingo Argarañaz y Beatriz Brouwer.
Entre los cambios más relevantes que se introdujeron en el proyecto aparecen la reformulación de las facultades policiales para tomar declaraciones durante las primeras etapas de una investigación penal y las modificaciones al régimen de detención de presos considerados de alto perfil. También se eliminaron disposiciones que generaban reparos dentro del socialismo, particularmente las vinculadas con la creación de zonas de intervención policial especial.
La discusión se inscribe en el proyecto denominado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, presentado por el Ejecutivo provincial para introducir cambios en distintas normas vinculadas con la investigación criminal, el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.
También se retiró del texto el régimen especial que habilitaba intervenciones policiales ampliadas en barrios o sectores atravesados por situaciones graves de violencia. Era uno de los puntos que más resistencia generaba en el socialismo, por las atribuciones que otorgaba a las fuerzas de seguridad.
El paquete, sin embargo, conserva herramientas que el Ejecutivo considera centrales para fortalecer la investigación criminal. Entre ellas figuran la ampliación de los supuestos excepcionales para realizar allanamientos sin orden judicial previa, con intervención fiscal y control posterior de un juez; la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia para imputados que no se presenten pese a estar debidamente notificados; y nuevas herramientas para intervenir sobre inmuebles utilizados como búnkeres de venta de drogas.
Fracasó el debate por la reforma de seguridad de Pullaro y Diputados postergó su tratamiento
El proyecto también introduce cambios en el sistema de recompensas, las facultades de inteligencia y el Código de Convivencia provincial.
La iniciativa lleva varios meses de discusión legislativa y recibió observaciones de distintos sectores del sistema judicial. La Corte Suprema de Santa Fe, la Defensa Pública y especialistas en derecho penal habían planteado reparos sobre el alcance de algunas atribuciones que se buscaba otorgar a la Policía y a los fiscales, así como sobre sus posibles implicancias en materia de garantías constitucionales.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, había insistido en la necesidad de avanzar con las reformas. Este miércoles, durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, defendió el paquete y reclamó a los legisladores que doten al Estado de mayores herramientas para enfrentar el delito y las organizaciones criminales.
“Cuantas más herramientas nos den, más resultados podemos lograr en el menor tiempo posible para que la gente esté segura”, sostuvo.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto obtuvo media sanción y deberá ser tratado ahora por el Senado santafesino para completar el recorrido legislativo. El oficialismo buscará que la Cámara alta avance con las reformas para convertirlas en ley.
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