La Cámara de Diputados vivirá este miércoles una intensa jornada legislativa con el tratamiento de dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que apuntan a modificar aspectos centrales de la relación entre el Estado y el sector privado, así como a fomentar la llegada de inversiones estratégicas al país.
La actividad comenzará a las 14 con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para debatir el proyecto de Ley de Lobby, denominado oficialmente “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.
La iniciativa busca establecer reglas claras para las gestiones que realizan empresas, consultoras, cámaras empresarias e intermediarios ante funcionarios y legisladores con el objetivo de influir en decisiones públicas. Inspirado en el modelo estadounidense, el proyecto crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse los lobistas y declarar los intereses, clientes o beneficiarios que representan.
Además, cada gestión deberá quedar registrada con detalles como fecha, hora, modalidad del encuentro, dependencia donde se realizó y una síntesis de los temas abordados.
El texto también contempla sanciones para quienes incumplan las disposiciones, que van desde multas equivalentes a 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby. Asimismo, establece penas de prisión de seis meses a tres años para los casos de representación clandestina de intereses extranjeros.
La propuesta incorpora obligaciones para los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes deberán informar y publicar las reuniones mantenidas con gestores de intereses.
En el oficialismo confían en que el proyecto avance sin mayores dificultades, dado que existe consenso entre distintos bloques sobre la necesidad de dotar de mayor transparencia a una actividad que históricamente se desarrolló con escasa regulación en Argentina.
Más tarde, a las 15, comenzará el debate sobre el denominado “Súper RIGI”, una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido originalmente en la Ley Bases.
El tratamiento se realizará en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Para exponer sobre la iniciativa fueron convocados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
El proyecto apunta a atraer inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en sectores considerados estratégicos para el desarrollo tecnológico y energético. Entre ellos se encuentran la explotación de minerales críticos como litio y uranio, la fabricación de baterías, la producción de hidrógeno verde, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores e inteligencia artificial.
A cambio, las empresas accederían a un esquema de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, junto con una serie de beneficios tributarios. Entre ellos se destacan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, la amortización acelerada de inversiones, créditos fiscales para cancelar IVA y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales.
El régimen también contempla ventajas en materia de comercio exterior, como la exención de derechos de importación, la eliminación de retenciones a las exportaciones y la supresión de restricciones y cupos para operar.
Otro de los incentivos centrales es la disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones, permitiendo que, a partir del tercer año, los inversores puedan disponer libremente del 100% de los dólares generados por sus ventas al exterior.
Con ambos proyectos, el Gobierno busca avanzar simultáneamente en dos frentes: mejorar los estándares de transparencia institucional y generar condiciones favorables para la llegada de inversiones de gran escala en sectores considerados clave para el crecimiento económico del país.
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