La Junta de Paz promovida por Estados Unidos para supervisar la reconstrucción de la Franja de Gaza reclamó este lunes que el nuevo organismo tecnocrático palestino asuma el control de todas las armas presentes en el territorio, al considerar que el desarme es un requisito indispensable para avanzar hacia una etapa de estabilización.
La exigencia llegó apenas horas después de que Hamás anunciara la disolución del aparato gubernamental con el que administró Gaza durante casi veinte años, una decisión que Washington recibió con cautela y que aseguró evaluará a partir de medidas concretas y no de declaraciones políticas.
Un comité para administrar la posguerra
El proceso de transición quedó en manos del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo provisional establecido en El Cairo como parte del esquema acordado durante las negociaciones que permitieron alcanzar el alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre de 2025.
Encabezado por el ingeniero palestino Ali Shaath, exfuncionario de la Autoridad Palestina, el comité está integrado por especialistas independientes en áreas como infraestructura, salud, economía y telecomunicaciones, con el objetivo de constituir una estructura administrativa alejada de las organizaciones armadas y capaz de gestionar la llegada de fondos internacionales.
Desde el organismo sostuvieron que la reconstrucción solo podrá consolidarse si existe una autoridad centralizada con capacidad para ejercer el monopolio del uso de la fuerza dentro del enclave palestino. En esa línea, remarcaron que la futura administración debe responder a un esquema basado en una única autoridad política, un marco legal común y el control exclusivo del armamento.
La Junta de Paz, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, fue creada para coordinar el proceso de posguerra y supervisar el destino de los recursos internacionales destinados a la recuperación de Gaza. Entre sus funciones se encuentra la fiscalización de las inversiones y la evaluación de las condiciones institucionales necesarias para liberar asistencia económica.
La disolución de Hamas, bajo lupa
A pesar del anuncio realizado por Hamás, distintos analistas y fuentes diplomáticas consideran que la disolución de su estructura gubernamental representa principalmente un gesto político destinado a reducir la presión internacional. La organización islamista continúa rechazando la posibilidad de un desarme inmediato mientras no se concrete un acuerdo político más amplio para el futuro de los territorios palestinos.
La implementación de la segunda fase del entendimiento alcanzado entre las partes, que contempla el desmantelamiento progresivo de las facciones armadas y la retirada gradual de fuerzas israelíes, permanece estancada debido a las diferencias existentes sobre quién ejercerá el control efectivo de Gaza una vez concluido el conflicto.
En paralelo, la situación humanitaria sigue deteriorándose. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud gazatí citados por organismos internacionales, más de mil palestinos murieron desde la entrada en vigor de la tregua, mientras continúan las denuncias cruzadas por incumplimientos del alto el fuego.
Por su parte, el gobierno israelí mantiene su negativa a permitir un retorno de Hamás al poder y también rechaza que la Autoridad Palestina retome la administración del territorio, lo que añade nuevas dificultades a un escenario en el que la reconstrucción aparece estrechamente vinculada a la resolución del debate sobre el control político y militar de Gaza.
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