El Consejo de la Universidad Nacional de Rosario aprobó un documento de respaldo a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en el marco de las investigaciones contra sujetos de alto perfil en la provincia de Santa Fe. El mismo fue votado hace 15 días y esta mañana se publicó oficialmente la Resolución. Se trata de un fuerte respaldo institucional a la tarea de los funcionarios. La iniciativa surgió gracias a una nota presentada al Consejo Superior con la firma de más de 250 docentes universitarios.
El mensaje indicó que “ante los hechos de conocimiento público que comprometen el funcionamiento adecuado y la calidad de las instituciones de la provincia de Santa Fe, así como los que toman estado público en determinados juicios orales que se tramitan actualmente ante los Tribunales de la Justicia provincial de la ciudad de Rosario, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario manifiesta su profunda preocupación, a la vez que expresa su reconocimiento y valoración por la actividad llevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe”.
En especial, la casa de estudios afirmó “la labor de los fiscales Dres. Luis Schiappa Pietra (graduado y docente de esta Universidad) y Matías Edery, tanto en la investigación como enjuiciamiento de estructuras vinculadas a mercados ilícitos de los que derivan múltiples delitos violentos y económicos”.
“Del mismo modo, expresa su solidaridad con la abogada Nadia Schujman, graduada de esta Universidad, referente ineludible en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos y sometida a una investigación de características inapropiadas y alejadas de normas procesales expresas, con seria afectación de sus derechos y dignidad”, añadieron.
Por otro lado, “insta a los actores institucionales correspondientes, expresión abarcativa transversalmente de todos los sectores políticos, a actuar con la responsabilidad que la hora impone y a disponer sin demora las medidas tendientes a recuperar los valores esenciales que hacen a la vigencia de un sistema republicano, preservando la división de poderes y la independencia de los jueces y del Ministerio Público de la Acusación, que no puede condicionarse mediante el sometimiento a la potestad disciplinaria de otros poderes del Estado provincial, cuestionando privilegios existentes derivados de normas anacrónicas que no guardan relación alguna con el libre ejercicio de funciones legislativas, ni con las demandas sociales de transparencia pública de todos los actos de sus representantes, de acceso a la información, y de sometimiento de todos por igual ante la ley”.
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